El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha advertido este miércoles que la nueva reforma educativa, la llamada ‘Ley Celaá’, pone en riesgo la imparcialidad del trabajo de la Inspección educativa con la modificación de los criterios de acceso a este cuerpo de profesionales.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes de este colectivo de trabajadores, a quienes considera «la clave de bóveda» de la innovación del sistema educativo gallego.
Rodríguez ha recordado que hasta el momento los inspectores adquirían dicha condición tres participar en un proceso de oposición «de alto nivel» en el que debían demostrar y dejar constancia de sus capacidades y conocimientos del sistema, la organización y las diferentes características de innovación pedagógica.
«Esta ley abre la puerta a que los inspectores puedan ser elegidos de modo arbitrario», ha advertido, puesto se abre la puerta a que un tercio de las plazas sean escogidas «prácticamente a dedo» por responsables políticos, sin prueba selectiva y «de modo arbitrario», lo que «puede romper con la imparcialidad que llevan demostrando» hasta ahora estos profesionales.
De este modo se altera las posibilidades de acceso a un cuerpo «tan fundamental» y que «puede alterar de modo notable su imparcialidad», lo que pondría «en riesgo el trabajo tan significativo», la objetividad de su labor y, en suma, la «calidad» del sistema educativo.
«Vamos a escuchar sus inquietudes y a intercambiar opiniones y preocupaciones sobre la Ley Celaá», ha explicado, puesto que su papel ha sido «clave» en los últimos años para «medir y justificar las importantes acciones» desarrolladas en Galicia.
DEFENDER LA CONCERTADA
Román Rodríguez ha insistido en que este cambio en la normativa está generando «una gran preocupación» en el sector y se trata de «una debilidad» que se une a otros elementos que se encuentran en pleno debate ante la opinión pública, como es la libertad de elección de los padres del centro educativo que quieren para sus hijos.
Se refiere, en concreto, a los colegios concertados, un modelo que ha defendido como «parte del sistema educativo» y «que está en la Constitución», y que la Xunta mantendrá en términos similares a los actuales «respetando los marcos legales».
«No se puede estigmatizar en ningún momento», ha insistido Rodríguez, al entender que este modelo, «avalado por muchísimas sentencias», forma parte de la «realidad» y se trata de una alternativa que hay que cuidar «igual» que el sistema público.
Por todo ello y ante la «dejación de funciones» que realiza el Ministerio, al «romper absolutamente con la estructura del sistema educativo de España», la Xunta aplicará la norma a través de su «desarrollo con criterios gallegos» y para mantener el modelo educativo del Gobierno autonómico.
