Compromís defenderá que el Gobierno pague las desaladoras valencianas

El portavoz de Compromís y del Grupo de la Izquierda Confederal en el Senado, Carles Mulet, defenderá esta semana en la Comisión de Transición Ecológica del Senado la moción de la coalición que fue rechazada en 2017 en la que la coalición valenciana instaba al Gobierno a asumir el coste del canon de construcción a satisfacer por los ayuntamientos de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Moncofa, Xilxes y Sagunt afectados y a eximirles de los acuerdos y convenios promovidos por Acuamed, «ya que son inviables».

«Por todo ello pediremos derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos afectados, tanto los primeros como los transitorios actuales y empezar a trabajar con otros que contemplen un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos, aprovechamientos, costes de estas dos desaladoras y renegociar los acuerdos con las entidades locales de acuerdo a la nueva realidad que se determine», avanza el senador castellonense, que ha realizado «decenas de preguntas» y reclamado documentación al Gobierno en las últimas legislaturas.

De hecho, insisten, la coalición ya presentó una moción en 2017 reclamando soluciones para estas desaladoras, que fue rechazada por 15 votos del PP y 10 abstenciones.

«Buscábamos entonces y ahora evitar que estos municipios, con poca población y escasas posibilidades de consumo de agua y crecimiento acaben abonando millonarias cantidades que son inasumibles por sus cuentas municipales y por unos proyectos desproporcionados. El PP presentó una enmienda exigiendo la eliminación del punto fundamental en el cual pedíamos que se asumiera el coste de esos convenios, precisamente lo que ahora piden», asegura Mulet en un comunicado.

Lamenta igualmente que, «mientras PP y PSOE reclamaron con entusiasmo estas desaladoras y ahora se van alternando en el Gobierno y cambiando de criterios en función de cuando les toca poder u oposición, los ciudadanos ven pisoteados sus derechos».

El senador ha pedido a PSOE y PP «que den una salida» a los ayuntamientos, cuyos grupos políticos y administraciones implicadas rechazan por unanimidad los precios de suministro de un agua que no necesitan y que no van a poder pagar. La moción de la coalición pide elaborar un plan para analizar los posibles usos alternativos de estas plantas desaladoras y los recursos que generan de acuerdo con las administraciones implicadas.