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Ciudadanos: Una entidad como Plataforma per la Llengua “no puede decidir una ley nacional de educación”

Ciudadanos ha afirmado este viernes que Plataforma per la Llengua, que defiende la independencia de Cataluña y “espía la lengua que usan los niños” durante el recreo en el colegio, “no puede decidir una ley nacional de educación”, después de que esta entidad celebrara que la ‘ley Celaá’ incorpore la enmienda que propuso para eliminar el carácter vehicular del castellano en la escuela.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Cs ha indicado que “Plataforma per la Llengua presume de que la enmienda firmada por PSOE-Podemos-ERC para tachar el español” en el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) “es suya”. En su opinión, “una entidad separatista que espía la lengua que usan los niños en el recreo no puede decidir una ley nacional de Educación”.

La formación naranja menciona el comunicado que difundió este jueves la organización –que trabaja para garantizar la presencia de la lengua catalana en todos los ámbitos–, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el dictamen de la Comisión de Educación sobre la reforma educativa con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros.

LA ENMIENDA QUE PLANTEARON A LA ‘LEY CELAÁ’

En ese comunicado, la Plataforma per la Llengua destaca que el proyecto de ley incluye la enmienda que propuso para que el castellano deje de ser vehicular en comunidades como Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana y para que los gobiernos autonómicos puedan “adoptar las medidas necesarias para alcanzar la plena competencia comunicativa en catalán de todo el alumnado”.

A continuación, la entidad insta a las autoridades de esas tres comunidades a “adoptar de manera inmediata todas las medidas efectivas y necesarias para garantizar” ese conocimiento del catalán entre los estudiantes y recomienda “un refuerzo profundo y renovador del programa de inmersión lingüística, que incluya ámbitos educativos como el patio, el comedor y las actividades extraescolares”.

Según Ciudadanos, “no sería la primera vez” que se trata de “controlar” qué lengua usan los menores en esos espacios. “¡Basta de meter la mano en la educación de nuestros hijos!”, añade la formación naranja, que defiende “una educación de calidad con un modelo trilingüe” para que en la escuela se usen las dos lenguas cooficiales de cada comunidad y el inglés.

La Plataforma per la Llengua, que se ha mostrado a favor de que Cataluña sea un Estado independiente, animó a los catalanes, antes de las elecciones autonómicas de 2017, a “votar por la lengua”, advirtiendo de que el PSOE, el PP, Podemos y Cs no apostaban por “igualar el estatus del catalán al del español”.

SE VULNERAN DERECHOS DE LOS NIÑOS

Tras subrayar que la enmienda sobre el castellano es “un atropello a millones de familias”, el partido liderado por Inés Arrimadas ha reiterado que lo denunciará ante la Justicia y en Europa para evitar que la futura ley educativa suprima su carácter vehicular.

Precisamente, la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundua ha registrado este viernes una pregunta dirigida a la Comisión Europea para advertir de que la ‘ley Celaá’ “vulnera diversos artículos de la Declaración de los Derechos del Niño”.

Concretamente, cree que se incumple el artículo 30, según el cual los Estados no pueden negar a los niños su derecho a emplear “su propio idioma”, que es lo que, a su juicio, “ocurrirá con esta ley”.

También el artículo 29, que dice que los Estados deben velar por que la educación del niño esté encaminada “al respeto de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en el que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya”, agrega.

Por ello, Pagazaurtundua pregunta al Ejecutivo comunitario qué piensa hacer para que España “haga respetar los derechos de los niños castellanoparlantes en comunidades bilingües” y si tiene previsto incluir “el asunto de la discriminación por razones de lengua” en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho.

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