Un total de 67 entidades del mundo rural y de la caza han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instan a declarar como actividad esencial la caza, de modo que quede incluida en las excepciones permitidas en posibles e hipotéticos confinamientos.
La misiva, fue remitida el pasado viernes al presidente del Ejecutivo y en ella le reclaman la declaración oficial de la caza como una actividad esencial y solicitan al Gobierno y a sus ministros competentes (Sanidad, Interior y Agricultura) que confirme de forma urgente los desplazamientos puntuales de los cazadores entre las excepciones a las posibles normativas de confinamiento.
El escrito va acompañado por un informe del catedrático de Sanidad Animal e investigador del IREC, Christian Gortázar junto con el apoyo de entidades que representan a los sectores agrícolas, ganaderos, cazadores y sector alimentario y recuerda así los posibles efectos que tendría la paralización de la actividad cinegética en algunas zonas de España ante el inicio de la nueva temporada.
En este contexto, la carta alerta a Sánchez de las «graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia».
«Ocasionarán sin duda una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España», le advierten.
En esa línea, insisten en que es «especialmente destacable» el impacto en la sobreabundancia de jabalíes, porque aseguran que la especie crece «de forma exponencial», de modo que reducir su caza supondría que en 2021 podría registrarse un «incremento sin precedentes» de la población española de esta especie «en varios cientos de miles ejemplares», un dato que haría «verdaderamente difíciles de controlar en años venideros» y que pondría «en grave peligro» a las cabañas ganaderas de sectores como el cerdo, vacuno, ovino y caprino, producciones y cultivos agrícolas, etcétera.
Entre los riesgos más graves, los firmantes destacan cinco de ellos, como el riesgo para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis, peste porcina africana-PPA, brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de Crimea-Congo…).
«Esto sería especialmente grave en el caso de que la peste porcina africana llegase a España», le advierten a Sánchez, al tiempo que alertan sobre los «severos perjuicios» para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras como las propias vías férreas.
Otro de los efectos de la superpoblación de la especie serían los «previsibles cuantiosos daños» en los cultivos y producciones ganaderas, así como en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.
Por otro lado, alerta de la generación de desequilibrios ecosistémicos que generaría la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción».
Por último, añaden el efecto directo sobre el mundo rural, que sufriría según la misiva «importantísimas pérdidas económicas y de empleo en las zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.
Por último, aseguran al presidente del Gobierno que deben tener en cuenta que por sus características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación «de riesgo» de transmisión del coronavirus, y gracias a las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.
Entre las entidades que apoyan el escrito figuran organizaciones agrícolas como ASAJA, UPA, COAG, INTERPORC, ASICI, Provacuno, Interovic; entidades cinegéticas como Asiccaza, la Real Federación Española de Caza (RFEC); Fundación Artemisan; las distintas federaciones de caza de las comunidades autónomas, la Oficina Nacional de la Caza, la Asociación de Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la conservación del medio ambiente (APROCA ESPAÑA); organizaciones de titulares de cotos, de monterías, industrias asociadas a la caza y la transformación de productos derivados, organizaciones de trofeos de caza, entre otras entidades.
