Las entidades constitucionalistas Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC) y S’ha Acabat! han presentado este miércoles en el Registro del Congreso una petición, dirigida a todos los grupos parlamentarios y al presidente de la Comisión de Educación, para que se mantenga en la próxima Ley Orgánica de Educación (la denominada ‘Ley Celaá’) el carácter de lengua vehicular para el castellano y las demás lenguas cooficiales.
«Hemos registrado un documento dirigido a los portavoces de los grupos con el objeto de que conozcan la situación legal a día de hoy en Cataluña, cuál es nuestra experiencia y nuestra información sobre lo que realmente ocurre en la escuela catalana y lo que supone eliminar de la Ley de Educación esta frase que tiene muchísima trascendencia, pues elimina el paraguas donde se protegen los derechos de todos los alumnos en toda España», ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la AEB, Ana Losada.
Las asociaciones han lanzado una campaña bajo el título ‘La educación, también en castellano’ para defender que se pueda estudiar en toda España tanto en la lengua cooficial como en castellano, ya que esa es «la única forma de que se garanticen los derechos de todos los alumnos».
Según Losada, al eliminar de la Ley de Educación el carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se está lanzando un mensaje a los españoles de que estudiar en español «no se debe dar por hecho», pues con la nueva redacción del texto, cualquier comunidad con lengua cooficial podría establecer que la lengua vehicular en los centros educativos fuese solo la lengua cooficial.
Pese a la polémica que ha suscitado la iniciativa pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmando en varias ocasiones que cambiar la Ley a este respecto no supondría ningún cambio en la práctica porque el carácter vehicular del castellano nunca fue recogido en una ley educativa hasta 2013, año en que se aprobó la ‘Ley Wert’.
Y es que, tal y como asegura el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, la ‘Ley Wert’ fue precisamente un «avance» al incorporar esos derechos. «No acabamos de entender su retirada, supone un retroceso, se está quitando derechos en vez de reconocerlos, lo que hace la ‘Ley Wert’ es incorporar lo que habían dicho los tribunales de manera generalizada, fue progresista», expresa, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 2010, que ordenó a la Generalitat que el castellano fuese lengua vehicular en la enseñanza.
MODELO DE INMERSIÓN «ILEGAL» DESDE HACE 30 AÑOS
En este sentido, Ana Losada da la razón a la ministra, pero matiza: «La situación en Cataluña es que, legalmente, el modelo es el de conjunción lingüística, es decir, se da clase en las dos lenguas, pero desde hace 30 años se aplica el sistema de inmersión obligatoria en catalán para los castellanohablantes». Según explica, en Cataluña, actualmente, «para encontrar un centro donde haya un 30% de horas en castellano, tienes que ir a un colegio privado o algún concertado trilingüe, mientras que en la pública no hay ningún centro donde se pueda estudiar en castellano».
Y si en algún centro hay grupos donde dan clases en castellano, es porque se han aplicado las sentencias de los tribunales, que han dictado a favor de que se dé un determinado porcentaje de contenidos en español. En resumen, con la iniciativa, «se intenta dar forma legal a algo que es ilegal».
Aunque para los catalanoparlantes este cambio supone «algo simbólico», en realidad se está «dando la razón a los nacionalistas» en algo que llevando haciendo de forma «ilegal» durante 30 años, según advierte Losada.
Pero para los castellanohablantes, esta modificación «complica» que los padres puedan argumentar su derecho a estudiar en español, ya que, aunque «hay suficiente jurisprudencia» sobre este asunto, las familias que quieran que sus hijos estudien también en castellano tendrán que cambiar su argumentario, ya que ahora no tendrán la Ley de Educación como base para reclamar ese derecho. «Ese problema nuestro que ahora se agrava, con la nueva ley se extiende al resto de comunidades autónomas», añade.
«MERCADEO POLÍTICO»
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, también ha criticado esta medida, a un día de que se vote en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Educación sobre la nueva norma.
«Obedece al mercadeo político», asegura Domingo, que tacha de «asombroso» que se diga que con la supresión del castellano como lengua vehicular en el texto se vaya a mantener, precisamente, el carácter vehicular del castellano en la enseñanza. «No deja de ser una contradicción», avisa.
A su juicio, este cambio tiene lugar debido a «la intención de los grupos nacionalistas catalanes de implantar un tercer modelo educativo». Según recuerda, hasta la fecha, en aquellos territorios donde había una lengua cooficial se daban dos modelos, aquel en el que las familias eligen la lengua en que sus hijos dan los contenidos y un segundo modelo donde se conjugan ambas. «Lo que pretenden ahora es que haya un tercer modelo de lengua única en territorios con cooficialidad, pero es un modelo anticonstitucional», advierte Domingo, ya que recuerda que el Tribunal Constitucional nunca ha avalado este modelo.
«Lo grave de este procedimiento es que es un modelo limitador de derechos lingüísticos porque, los alumnos, cuando se apruebe la Ley, formalmente tendrán menos derechos lingüísticos, ahora tienen derecho a ser escolarizados en castellano y otras lenguas, pero ahora se suprime eso», comenta.
Así, la ‘Ley Celaá’ «prepara el terreno para dificultar ese derecho a los padres y alumnos», pues se trata de una norma que nace con la finalidad, según Domingo, de «blindar un modelo que es de lengua única y que no es respetuoso con la pluralidad lingüística». «Es una ley amputadora de derechos y será un mal precedente», advierte el presidente de la entidad, que en cualquier caso considera «anormal» que no se haya incorporado a la ley educativa el carácter vehicular del castellano antes de la ‘Ley Wert’ de 2013.
