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Un administrador de la coalición electoral Unidas Podemos declarará ante el juez por Neurona

Uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos y otros dos investigados, así como varios testigos, están citados para declarar el próximo viernes ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga los contratos suscritos con la consultora política Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, entre otras cuestiones denunciadas sobre la formación ‘morada’.

Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos, deberá comparecer a las 12.30 horas del 13 de noviembre ante el juez Juan José Escalonilla por un presunto delito electoral. También tendrán que acudir, a partir de las 10.30, Elías Castejón Hernández y Eduardo López Hernández, administrador y persona de contacto de Neurona, respectivamente, en calidad de investigados.

Además, Escalonilla escuchará el mismo día las declaraciones de varios testigos, incluida la de Manuel Campos García, arquitecto del proyecto de ejecución de una obra encargada por Podemos.

Esta ronda de comparecencias continuará el 20 de noviembre, cuando están citados para declarar como investigados Daniel de Frutos, el otro administrador mancomunado de la coalición electoral; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.

El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

El juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta ‘Caja B’ de Podemos, descartando el delito de administración desleal, al considerar que “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político.

EL CONTRATO CON NEURONA

La causa continúa en relación con los otros tres supuestos delitos denunciados, entre los que destaca la cuestión electoral. Escalonilla cree que existen “indicios racionales” acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos –por valor de 363.000 euros– “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado”, sino que habrían sido “una distracción de dinero” de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo” en los servicios contratados por Unidas Podemos con Neurona, a la que describe como “una empresa creada ‘ad hoc'” cuyo objeto real sería “la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”.

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor. No obstante, la Fiscalía ha aclarado que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales”.

Con todo ello, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque “resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.

No obstante, el Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros “rumores, sospechas o suspicacias”.

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