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Madrid, 21 abr (EFE).- El 50 por ciento de los presos en España deberían estar en libertad y cumpliendo penas alternativas, según proponen medio centenar de ONG que recuerdan que la tasa de encarcelamiento es la segunda más alta de Europa para un índice de delincuencia un 27 por ciento inferior a la media de la UE.

La Red de Entidades Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep), a la que pertenecen ONG como Cáritas, Fundación Atenea o Solidarios para el Desarrollo, entre otras, ha realizado un informe con datos oficiales sobre la tasa de criminalidad en España, la duración de las penas y la población reclusa, y compara esa situación con países de la UE.

El informe destaca que la tasa de delincuencia española -44,7 por cada mil habitantes- es un 27 por ciento inferior a la media europea -61,3-, mientras que la tasa de encarcelamiento es la segunda más alta de Europa -hay 133 personas en la cárcel por cada 100.000 habitantes, 101 de media en la UE-.

Además, expone que el 76 por ciento de los delitos más comunes que se cometen en España son contra el patrimonio (robos y hurtos) y un 16 por ciento contra las personas.

“España no es un país inseguro: se cometen pocos delitos y muy pocos son violentos, y entonces, ¿por qué es tan alta la población reclusa?”, ha preguntado el jurista Jorge Ollero, uno de los coordinadores del estudio.

Además, la duración de las penas en prisión es más del doble de la media europea por las continuas reformas del Código Penal, ha explicado Ollero, quien ha planteado si no sería más rentable para la sociedad y para los reclusos modificar el actual sistema punitivo.

“¿Han pensado cuál ha sido el coste para el Estado de mantener a casi cinco años en la cárcel a Thomas, un turista que estafó 4.000 euros a varios hoteles o a jóvenes condenados a 20 años por haber robado mucho cuando tenían menos de 14 y estaban enganchados a las drogas, cuando han pasado 10 años y han madurado?”, ha planteado este abogado de la Federación Andaluza Enlace, otra de las ONG de la red.

Estas organizaciones sociales plantean que la prisión sea el último recurso para castigar delitos extremadamente graves y que se creen alternativas para el resto de las conductas delictivas, como trabajos para la sociedad, la mediación o medidas preventivas para la población vulnerable.

Recuerdan que el 60 por ciento de los presos lo son por hurtos, robos y tráfico de drogas y que más del 65 por ciento de los reclusos tienen problemas de adicción a las drogas.

“La insuficiencia de recursos para políticas preventivas y para tratamientos” en caso de adicciones o de exclusión social, hacen que muchos de las personas que están en esas situaciones “encuentren en la prisión la única opción”, ha denunciado Juan Carlos Jiménez, de la Fundación Adsis.

El jurista ha recordado que el perfil de un preso en España es una persona de entre 21 y 40 años, con una condena de 8 años por delitos contra la propiedad o tráfico de drogas y en un 49 por ciento con formación básica.

“Si tuviéramos una tasa de encarcelamiento acorde con nuestra tasa de criminalidad y a la media europea, nuestra población penitenciaria debería ser de 30.769 en vez de 61.614; un 50 por ciento de las personas encarceladas deberían estar en libertad”, han destacado los coordinadores del informe.

Respecto a las mujeres, calculan que si sólo estuvieran en prisión las que hubieran cometido delitos violentos (homicidio y asesinato, de lesiones, contra la libertad y contra la libertad sexual) habría 556 internas en lugar de 4.106, concluye. EFE

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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 3830918 y otros)