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A 60 kilómetros de Madrid, a poco más de 9 km. del Monasterio de El Escorial, enmarcado en el imponente escenario natural de la Sierra de Guadarrama se alza el Valle de los Caídos. Un símbolo del franquismo construido con la majestuosidad que solo pueden conferirse a sí mismos los dictadores. Un símbolo de lo que fueron (y queda) de las dos Españas, de nuestras todavía agrias controversias. Un reclamo turístico también: el mausoleo en el que están enterrados los restos de 34.000 combatientes de ambos de bandos de la Guerra Civil junto con los del propio Franco y José Antonio Primo de Rivera recibe más de 300.000 visitas cada año.

Las palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la semana pasada propuso en una entrevista en Le Miau Noir renombrar el conjunto monumental de Valle de los Caídos en Valle de la Paz, ha vuelto a poner sobre la mesa el viejo problema de qué hacer con el mausoleo. “Se llama de los Caídos porque hay 34.000 restos de ambos bandos enterrados. Si le molesta la palabra 'caídos' es que tiene un problema. Tendrá que explicarse mejor…” señala Pablo Linares, presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, a quien le gusta señalar que es nieto de un trabajador republicano.

Linares recuerda que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre el Valle de los Caídos, y señala que ya fracasó una iniciativa en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que proponía renombrarlo como Valle de Cuelgamuros, que es la denominación del emplazamiento geográfico en el que se haya el conjunto. “No está claro, pero creemos que la competencia para cambiar el nombre podría ser de Patrimonio Nacional“.

Emilio Silva, presidente la Asociación Española por la Recuperación de la Memoria Histórica, apunta por su parte que las declaraciones de Carmena le parecen “precipitadas“. Primero hay que convertirlo en otra cosa“.

En esta línea señala que ya hace doce años que su asociación presentó una petición para que se convirtiera en un museo en el que se explique “quiénes fueron los presos obligados a construirlo o por qué fueron elegidos“. Y reclama muy especialmente la retirada de los restos mortales de Franco y José Antonio Primo de Rivera. “En España las víctimas de la dictadura tienen que pagar la tumba del dictador“. Como ejemplo pone su caso personal: “Mi abuelo pasó 64 años en una fosa común, le quitaron todo lo que tenía, que el Estado no me obligue a costear de mis impuestos la tumba del responsable. Es una cuestión de respeto“.

UN INFORME EN UN CAJÓN

La controversia en torno al Valle de los Caídos y las posibles intervenciones o modificaciones en el conjunto monumental fue especialmente cruda en la época de Zapatero. La polémica comenzó por el cierre del monumento en 2010. Patrimonio Nacional aseguró que debía acometer obras de restauración en la basílica y su entorno, pero desde la derecha se vio como una excusa para echar el cerrojo al símbolo.

Además, el Gobierno de Zapatero encargó un informe a un comité de expertos cuyas conclusiones fueron publicadas en noviembre de 2011, poco antes de unas elecciones que dieron como resultado el triunfo del Partido Popular, que aparcó definitivamente el proyecto.

Estaba más destinado a la bronca política que otra cosa. El PSOE tuvo tiempo de sacar a Franco de allí y no lo hizo“, considera Silva.

El informe, que puede consultarse todavía online, propone convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la memoria democrática, poniendo en pie un centro interpretativo que explique “cuándo, cómo, por quién y por qué” fue construido. También defendía la exhumación de los restos de Franco y su traslado al lugar que para ello designara la familia con el objetivo de despojar así al recinto de connotaciones políticas e ideológicas. Argumentaban los expertos que Franco es el único fallecido enterrado en el lugar que no pereció durante la Guerra Civil, frente a José Antonio Primo de Rivera, a quien sí se recomendaba mantener en el recinto.

Crear un centro de interpretación no sería sino avivar una llama en un terreno abonado para la polémica“, opina Linares. Desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos no atribuyen ninguna objetividad al informe de 2011 y a la comisión presidida por Virgilio Zapatero, “de la Fundación Pablo Iglesias”.

Silva, por su parte, recuerda que este informe no es el único que reclama una revisión en este sentido: expertos internacionales en derechos humanos tanto de la Unión Europea como de la ONU han señalado el problema.

CUANDO, CÓMO, POR QUIÉN Y POR QUÉ

Los cómos y los por qué son en sí mismo objeto de debate en el Valle de los Caídos. Aunque la mayoría de los historiadores convienen en que se emplearon presos políticos en la construcción del gran conjunto monumental entre 1940 y 1958, se ignora con exactitud cuántos llegaron a participar o incluso fallecer durante la obra.

El profesor y doctor en historia Alberto Bárcena Pérez lo investiga en “Los Presos en el Valle de los Caídos”. A partir del cotejo de documentos, testimonios y testigos cifra en 20.000 los presos republicanos que pudieron trabajas en el lugar. Presos políticos y comunes. Eso sí, según su investigación no eran trabajos obligatorios, sino que eran los propios presos quienes lo solicitaban porque se beneficiaban así de una exención extraordinaria en su penas.

En cuanto a la siniestralidad laboral, sitúa las muertes entre 14 y 18 personas; una siniestralidad inferior a la época. No obstante, construir, entre otras cosas, la que se tiene como la mayor cruz del mundo cristiano, no era una tarea fácil. Y a las muertes por accidentes laborales se sumaban quienes enfermaban por silicosis, una enfermedad pulmonar producida por la inhalación de partículas de sílice.

UN RECLAMO TURÍSTICO

Al margen de los debates sobre cuál deba ser su futuro el Valle de los Caídos funciona como un reclamo turístico en la Comunidad de Madrid. “Los operadores turísticos están empezando a incluirlo en sus paquetes“, dice Linares. Con más de 300.000 visitantes al año, y un crecimiento en los últimos años (un 5,49% en 2015 con respecto a 2014), es un motor económico en la zona, si bien muy por detrás de los años 90, cuando lo visitaban más de 900.000 personas en un año.

Desde la Asociación para la Defensa del Valle denuncian el abandono del monumento y recuerdan que tanto la base de la cruz como el funicular están cerrados por falta de mantenimiento. Y subrayan su impacto económico: Solo en taquilla se habrán recaudado entre 100 y 120 millones de euros desde los 60 hasta ahora“.

No obstante, también desde el punto económico, se hizo público recientemente un dato también controvertido: según un informe del Tribunal de Cuentas el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional subvenciona todos los años con 340.000 euros a la Abadía Benedictina del Valle con el objetivo de “levantar las cargas espirituales impuestas por el fundador y atender a la finalidad social“. El propio Tribunal de Cuentas se muestra muy crítico: De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa“.

A día de hoy, Patrimonio Nacional ha venido asumiendo los gastos que genera El Valle de los Caídos. Entre estos gastos se incluye una transferencia anual de 340.000 euros a favor de la abadía benedictina para sufragar la escolanía y mantener a la comunidad benedictina“, alegó Patrimonio Nacional el pasado, según recogió el diario El País.

Se mire por donde se mire el debate sobre el Valle de los Caídos es terreno minado. Y cualquier decisión será complicada y criticada.