martes, 11 agosto 2020 15:36

Expertos de CIDH denuncian ruptura de acuerdos por parte de fiscalía mexicana

México, 1 abr (EFE).- El grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes denunció hoy la violación por parte de la fiscalía mexicana de los acuerdos sobre la forma de divulgar el resultado de un nuevo peritaje del caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió un comunicado en el cual señaló que el anuncio de los resultados del peritaje efectuado por seis especialistas en fuego supone la ruptura del acuerdo de confidencialidad del proceso hasta tener resultados definitivos y cómo transmitirlos, y el de tomar las decisiones mediante el diálogo y el consenso.

Por ello, el GIEI indicó que reconsiderará su trabajo en función de las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), “y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.

Refirió que el 6 de septiembre de 2015 presentó su propio informe del caso, según el cual no existía evidencia de que los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fuesen incinerados en un vertedero de basura del municipio de Cocula, estado sureño de Guerrero, como sostiene la PGR.

Frente a esta conclusión, expuso, la PGR manifestó su deseo de hacer un nuevo estudio del sitio, para lo cual solicitó el apoyo del GIEI.

El Grupo accedió, pero puso una serie de condiciones, entre ellas que los expertos que realizarían el nuevo peritaje debían escribir su informe por consenso para asegurar que no había confusiones en el contenido.

También estableció que el texto de los expertos sería enviado a la PGR y al GIEI, que decidirían conjuntamente cómo y cuándo divulgarlo.

El GIEI enfatizó igualmente que uno de los expertos no podía salir públicamente a hablar en nombre de su equipo sin presentar de manera clara a los integrantes del mismo y sin explicar por qué habían sido elegidos.

“Cuando parecía que se había alcanzado un consenso sobre los puntos antes mencionados, se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era que el señor (Ricardo) Torres saliera públicamente”, expuso.

Torres, portavoz de los expertos en fuego, explicó al GIEI que su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho ocurrió o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios para determinarlo.

“Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI, ni son de consenso de los expertos de fuego”, abundó.

De acuerdo con el GIEI, “es claro que alguien tomó la decisión de romper el acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI, tomando una decisión unilateral por parte de la PGR”.

Con base en ello, el grupo designado por la CIDH “considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento” por parte de la fiscalía.

Asimismo, expresó que “lamenta profundamente esta forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso que hemos mantenido con la PGR en estos meses, con decisiones unilaterales que violan los acuerdos tomados”.

“El GIEI reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”, acotó.

En las conclusiones presentadas hoy en un mensaje a la prensa en nombre de los especialistas en incendios, Torres señaló que hay “evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en el basurero de Cocula.

Asimismo, añadió, la recolección de restos óseos “permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.

En un mensaje a la prensa, Torres destacó que el grupo puede establecer si hubo “una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos”, solo a través de “una prueba a gran escala”.

Por ello, el grupo acordó “realizar más pruebas las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos”. Los resultados de estas pruebas, informó, “serán dados a conocer en su momento”.

Las declaraciones dan una muy necesitada bocanada de aire a la versión de la PGR sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Según dicha versión, rechazada por los familiares de los desaparecidos, los jóvenes fueron detenidos por policías en el municipio de Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en el basurero de la vecina Cocula. EFE

Artículos similares