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Martí Quintana

México, 21 feb (EFE).- El avance de las investigaciones en el caso Iguala se ve obstaculizado por las filtraciones de testimonios, incluso declaraciones falsas, y la fragmentación del expediente en dentro de la Fiscalía mexicana, así como el amparo de 22 policías implicados en la desaparición de los 43 estudiantes, alertó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Todo ello ante una Fiscalía general que insiste en realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y que sigue negando a los expertos de la CIDH la posibilidad de entrevistar a los militares del 27 Batallón, indicó en rueda de prensa en la Ciudad de México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La experta guatemalteca Claudia Paz señaló que la filtración de declaraciones “genera confusión” y advirtió de que son “informaciones no contrastadas” que, en ocasiones, “no responden a la verdad de lo que se dijo”.

Además, puntualizó la colombiana Ángela Buitrago, también miembro del grupo, se “han modificado o cambiado versiones” de las que ellos tienen constancia.

Esto podría deberse a una manipulación de la información filtrada o a que, debido a la fragmentación del caso en distintas dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), existan declaraciones distintas y contempladas en otros expedientes, explicó.

Insistió en que existe una “desatención” en el caso Iguala por una fragmentación interna del expediente de, al menos, doce pesquisas previas a cargo de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (SEIDO), cuando la investigación del caso corre a cargo de la Suprocuraduría de Derechos Humanos.

Ello “ha supuesto la práctica imposibilidad de acceder a informaciones relevantes”, denunciaron los expertos.

Asimismo, el GIEI, que colabora con la PGR desde octubre de 2015 tras la creación de una unidad especial para el caso, alertó de la aceptación parcial de un recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados de participar en los hechos.

“Este es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso, debido a las deficiencias en la investigación”, según el colombiano Alejandro Valencia, quien reiteró a la Fiscalía la necesidad de aportar nuevas pruebas.

El GIEI reiteró su petición de entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, presentes en varios escenarios del suceso.

Los expertos alertaron “del riesgo que supone para la investigación” no poder tomar declaración a los militares y advirtió de que la Fiscalía no les ha entregado “los originales de material fotográfico y de vídeo tomados” por ese batallón la noche de los hechos, en septiembre de 2014.

Además, en un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el GIEI concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, como apoya la Fiscalía en su cuestionada versión oficial.

Posteriormente, afirmaron que nuevas evidencias fotográficas e imágenes por satélite descartaban la presencia de un incendio en esa zona de Guerrero, afirmación a la que se sumó un peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentado este mes que niega evidencias científicas y biológicas de que los 43 jóvenes fueran incinerados en Cocula.

Por ello, hoy el GIEI aseguró que no considera “necesario” el nuevo peritaje encargado por la Fiscalía.

Buitrago recordó que el basurero de Cocula solamente lo citan cinco de los presuntos inculpados, mientras once hablan de “sitios diferentes y lejanos” al mismo.

Todo ello, junto a la fragmentación del expediente, la falta de acceso a declaraciones de testimonios tan relevantes como el de Gildardo López Astudillo “el Gil”, presunto autor material de la desaparición, o la insistencia de un nuevo peritaje de Cocula lleva a que aparezcan “nuevas versiones” del caso, indicaron los expertos.

Entre ellas, que fueron 17 los estudiantes (u otras cifras) incinerados en el basurero, lo que añade más incertidumbre al caso.

En su informe de septiembre pasado, el GIEI pidió continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.

Se habla de un quinto autobús tomado por los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y que se cree estaba cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.

El GIEI informó hoy de que, a petición suya, la PGR solicitó el 15 de febrero asistencia técnica para investigar un caso judicial anterior sobre tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.

“Para nosotros es fundamental contar con la información que se realiza por la Fiscalía de Chicago”, sostuvo Paz.

En la rueda de prensa, el GIEI reconoció avances en la investigación y valoró la reanudación de la búsqueda de los 43 desaparecidos en diversos lugares de Iguala y Cocula, en el marco de esta unidad especial creada por la PGR en la que colaboran junto con el EAAF y la Policía Federal.

El GIEI espera que se “superen los obstáculos señalados” y se logre combatir la impunidad en México, con más de 26.000 desaparecidos desde 2007.

El grupo fue creado “como consecuencia de una herida y realiza su trabajo para ayudar a sanarla”, zanjó el experto español Carlos Beristain. EFE

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