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Beatriz Pascual Macías

Washington, 17 dic (EFE).- Las todavía bloqueadas medidas migratorias del presidente de EEUU, Barack Obama, se han convertido en uno de los centros de debate de las elecciones presidenciales de 2016 y prometen levantar ampollas en el Partido Republicano, dividido ante la retórica antiinmigrante del magnate Donald Trump.

“Construiré un muro, será un muro genial. La gente no entrará si no es de forma legal y las drogas no atravesarán ese muro”, volvió a repetir esta semana Trump, líder en las encuestas para la nominación presidencial republicana y que promete deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en EEUU.

Esas ideas xenófobas -honestas para la ultraderecha- no son nuevas y se inscriben en el discurso del Viejo Gran Partido (como se le conoce en inglés, “Grand Old Party”, GOP), que liga las políticas migratorias con la seguridad nacional y cree que aquellos que infringen la ley para entrar en EEUU deben ser castigados.

Hace no mucho, durante la campaña presidencial de las elecciones de 2012, el candidato republicano Mitt Romney ya prometió construir un muro “brillante y con buen hormigón” e invitó a los indocumentados a la “autodeportación”.

Fue un esfuerzo por cortejar al votante blanco y ganarse al entonces efervescente Tea Party, el ala más ultraconservadora del partido, pero Romney perdió frente al presidente Barack Obama, al que respaldaron más del 70 % de los votantes hispanos.

Desde entonces, la percepción de que la inmigración juega un papel clave en las elecciones, especialmente en las presidenciales, no ha hecho más que crecer.

El 20 % de los votantes inscritos en el registro electoral asegura que sólo elegirá al candidato que comparta sus ideas sobre inmigración, mientras que el 60 % afirma que tendrá en cuenta las propuestas migratorias de su candidato al introducir su papeleta en la urna, según datos recientes de la consultora Gallup.

Con la inmigración como uno de los temas claves de la campaña, el futuro inmediato depende del Tribunal Supremo, que estudia la legalidad de las medidas migratorias que Obama decretó en noviembre de 2014 para frenar la deportación de jóvenes indocumentados y personas con hijos estadounidenses.

“Algunos están luchado en contra de estas acciones. Yo voy a seguir luchando por ellas”, prometió en junio el demócrata Obama, que sigue pidiendo al Congreso, en manos republicanas, que utilice la capacidad única que le confiere la Constitución para cambiar las leyes migratorias.

La solución de Obama es temporal y, por eso, el tiempo se ha convertido en un factor decisivo para el futuro de los cinco millones de personas que se beneficiarían de sus decretos.

Si la máxima instancia judicial del país acepta el caso y emite una decisión favorable en junio próximo, como se espera, Obama podría comenzar a expedir permisos de trabajo o licencias de conducir, lo que dificultaría a su sucesor, elegido en noviembre de 2016, borrar las medidas, si lo decide, cuando asuma el cargo.

La decisión del Alto Tribunal sobre si acepta o no el caso llegará en enero, justo antes de los caucus (asambleas populares) del agrícola estado de Iowa y las primarias de New Hampshire, citas en las que se elige a los primeros delegados que seleccionan a su candidato presidencial en las convenciones nacionales.

Una decisión favorable del Tribunal Supremo podría avivar las brasas del Partido Republicano, que apelando a la seguridad nacional podría presionar para que un candidato fuerte, como Donald Trump, gane la nominación frente a otros, como Jeb Bush, opuestos a la deportación masiva de indocumentados.

La elección de un candidato con planteamientos radicales, como Trump, dificultaría la capacidad del Partido Republicano y podría espantar a los votantes moderados del “establishment” -el aparato-, que podrían abstenerse o decantarse por Hillary Clinton, si resulta elegida como candidata presidencial demócrata.

El explosivo escenario promete poner encima del tablero uno de los problemas sociopolíticos más complejos de EEUU, “un país de inmigrantes”, que reguló por primera vez su inmigración con el Acta de naturalización de 1790, que confería la ciudadanía solo a las “personas blancas libres” y de “buena moral”.

Desde entonces, la ley ha evolucionado al ritmo que marcaban los tiempos y ahora queda por ver cómo los poderes legislativo, ejecutivo y judicial definirán la relación entre EEUU y sus inmigrantes indocumentados, que como muchos antes en la Historia cruzaron mares o desiertos por la promesa de una vida mejor. EFE