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Según el Comité Asesor de Vacunas del a Asociación Española de Pediatria, el meningococo es una bacteria causante de infecciones poco frecuentes pero muy graves, como meningitis y sepsis -infección de la sangre-, que pueden dejar secuelas importantes e incluso conducir a la muerte en aproximadamente 1 de cada 10 casos. Aquella última fue la causa de la muerte del bebé de Boiro el pasado domingo, una infección generalizada en la sangre. El pequeño no estaba vacunado. Ninguna autoridad sanitaria de comunidad autónoma alguna en España cree necesaria la inclusión del medicamento en cuestión -Bexsero de laboratorios Novartis– en el calendario oficial de vacunación. La razón oficial es la baja incidencia y los problemas que puede ocasionar a los menores, desde diarrea o vómitos a fiebre alta, cansancio y abatimiento. 

Es verdad que los casos de meningitis B han descendido notablemente, con 300 en toda España en los dos últimos años -4.000 en Europa-. Así, según datos oficiales -y optimistas-, en los próximos cinco años, el propio Gobierno espera 126 casos anuales, en total 631 afectados. Así lo recoge el informe que fue presentado el 20 de junio del 2013 por la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad. El mismo documento que aquel año sacó la vacuna del sistema público. ¿Cómo es posible? “La razón es economicista. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Una cosa es el ideal sanitario y otra la realidad. Presupuestariamente, supongo que hay que elegir entre acometer obra pública, carreteras y similares… Y es cuestión de prioridades”, advierte Francisco Álvarez, pediatra y secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. O sea, que la realidad puede apuntar, de nuevo, a los recortes. 

                                  

Galicia, la comunidad en la cual se produjo la última muerte relacionada con la meningitis B, es la tercera comunidad española en incidencia de la enfermedad después de Cantabria, Ceuta, Asturias y Andalucía. En esas y otras regiones, hubo dos años,desde verano de 2013 hasta el 1 de octubre de 2015, en que la población infantil no se vacunaba contra una enfermedad muy contagiosa. Ni estaba en los calendarios oficiales -que recordemos, tampoco son obligatorios- ni se vendía en farmacias. De ese modo, todo quedaba a la discrecionalidad y al criterio de los padres y los pediatras. Los galenos podían aconsejar la vacuna, pero ni siquiera se vendía en España. ¿Cómo se solucionaba el asunto? Con numerosos viajes de los padres españoles más precavidos o concienciados a Portugal, Andorra o Francia para comprar la medicina

Ahora bien, desde el pasado 1 de octubre el medicamento está ya en todas las farmacias españolas. O casi, una vez solucionado el desabastecimiento, que era otro problema añadido. Pero la vacuna sigue fuera de la 'oficialidad'. Es decir, el médico de nuestro hijo nos puede 'recomendar' la vacuna -de hecho casi todos lo hacen- y nosotros tenemos que rascarnos el bolsillo. Al estar fuera de los planes oficiales de la medicina preventiva española, nos toca costear, íntegramente, su compra. en total 106,15 euros por dosis. Quien decida no hacerlo, se arriesga conscientemente. Quien no puede hacerlo por su alto precio, también.

                                  

“Nosotros estamos recomendando la inclusión de la vacuna en el calendario oficial de todas la comunidades desde 2001 y, sinceramente, al paso que vamos y observando las circunstancias que nos rodean, con cambios de gobierno, elecciones y demás, no somos nada optimistas. Al contrario”, asegura Francisco Álvarez, asesor de la Asociación Española de Pediatría. Parece claro que una cosa es la recomendación médica y otra muy distinta la financiación pública y la razón política. “Es el mal menor. Lógicamente, el ideal es una vacuna mucho más barata porque esté en el calendario oficial, pero al menos los padres que quieran vacunar a sus hijos pueden hacerlo por que el medicamento tiene aprobada su venta”.

Según Álvarez, que ejerce en un ambulatorio de Asturias, la diferencia es muy clara. Él sabe que en una situación ideal puede llegar al 95% de cobertura de la población menor susceptible de ser vacunada. En la situación actual, el porcentaje baja bastante según experiencias previas, y puede llegar al 60%. Pero en comunidades como Asturias, y en núcleos rurales, dado el nivel de renta familiar disponible, “si llegamos al 50% será todo un éxito” . Y es que no hay que olvidar que completar el ciclo de vacunación a los neonatos exige cuatro dosis, con lo que el precio de la protección para el menor se eleva a 430 euros. 

“A mi me preocupa mucho el asunto. Usualmente vemos como el último medicamento contra la diabetes, por ejemplo, en seguida está aprobado por Sanidad y cubierto por el sistema público. ¿Por qué esta vacuna  no? Se deberían buscar fórmulas alternativas, de cofinanciación por tramos de subvención para que el precio no fuera tan alto”, argumenta Álvarez. 

Un precio que, en pocas ocasiones -muy pocas ocasiones, es cierto- puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.