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Yo nunca pondría un copago por acudir al médico, pondría un pago por utilizar mal los servicios sanitarios. Algo similar a lo que ocurre en la carretera cuando se pasa de los 120 kilómetros por hora”.

Estas palabras corresponden al presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, en una intervención durante el Foro de la Nueva Economía que tuvo lugar hace un par de semanas, y en el que estuvo presente la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

En él, el representante de los médicos abría la puerta a establecer una serie de multas cuando se produzca un abuso desproporcionado y desmedido, por ejemplo, de las visitas a las urgencias de los hospitales.

Pero… ¿Realmente existe un abuso por parte de la ciudadanía? Para Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la presión de los servicios de urgencias en España es elevada. Sin embargo, considera que estas medidas sancionadoras que se plantean desde la OMC no benefician en ningún caso al sistema sanitario de nuestro país.

Martín califica de “escandaloso” e “investigable” el achacar a la ciudadanía de los problemas de sostenibilidad de que tiene el sistema de sanidad. Para el dirigente de FADSP la cuestión parte realmente los recortes presupuestarios que se iniciaron en el año 2008 y que en poco más de cinco años ya son de casi el 20%.

“Hay unas parcelas de irracionalidad que no tienen nada que ver con los usuarios de la sanidad. Un ejemplo de ello son los llamados PAC- Puntos de Atención Continuada- a los que la gente tiene miedo de acudir porque cree que se utilizan una serie de tecnologías de peor calidad y más baratas”, confiesa Martín.

Juan Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), no cree que se haga un mal uso del sistema sanitario en nuestro país. “Un sistema universal, o de aseguramiento con una amplísima cobertura y garantista es algo que debemos asumir y hacer asumir como un bien preciado y ser conscientes de su valor, a pesar de los recortes en estos últimos años, tenemos una proporción de Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a Sanidad ajustado al nivel de renta de España en la actualidad”, apunta.

Armengol señala que hubo una “expansión por encima de nuestras posibilidades, coincidiendo con la definitiva descentralización de la Sanidad en el año 2001, en la que hubo escasas voces críticas que fueran escuchadas y tanto desde el poder político, las administraciones, y los propios profesionales, así como los ciudadanos adquirimos la percepción de que no había límites, o éstos eran escasos”.

¿Qué es realmente un mal uso de los servicios sanitarios? En teoría, acudir a urgencias cuando la dolencia que sufre el ciudadano no necesita una atención inmediata. Según los últimos datos que dispone el Ministerio de Sanidad- que son del año 2011- sólo el 10% de las personas que acuden a urgencias acaban ingresadas.

Manuel Martín señala que muchos de los ciudadanos que acuden de forma masiva a los hospitales son, en su mayoría, debido a los problemas estructurales que sufre la sanidad en España. 

“Para empezar, hay muchas personas que llevan meses y meses en lista de espera con la intranquilidad de saber en qué puede consistir la enfermedad que tienen. Una preocupación evidente y que al final acaba derivando, por una preocupación evidente, en una visita al hospital”, justifica Manuel Martín.

Actualmente en las urgencias son las profesionales las que realizan un cribado para determinar qué situación es más grave y que paciente puede llegar a esperar más tiempo. Para Martín, el planteamiento de poner multas pone en compromiso a los servicios médicos ya que tendrían que derivar en cuestiones discriminatorias para saber que paciente tiene más urgencia que otro.

Martín se pone en el peor de los casos y explica que esta situación podría provocar un riesgo alto de muerte para muchos pacientes. “De primeras, es complicado que un profesional sanitario pueda evaluar si un dolor en el pecho es por infarto, un flujo gástrico u otro motivo y eso nos lleva a un punto límite”, apunta Martín.

NO SÓLO LAS URGENCIAS, TAMBIÉN CITAS DE ESPECIALIDADES

Sin embargo, desde el sector sanitario no sólo se apuntan las urgencias como el foco principal de las malas costumbres de la población. También hacen referencia al mal uso de las cita con los especialistas y al propio médico de cabecera. Según apuntan los datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, uno de cada cuatro pacientes no acude a su compromiso adquirido, habiendo evidentes diferencias entre unas y otras especialidades (más en dermatología que en cardiología).

Armengol justifica que en el caso de lista de espera en consultas, si no se ha justificado una ausencia, se podría reubicar al paciente en el último lugar, como si hubiera perdido el sitio, y haría una lista diferenciada, quedando eximida la administración de demoras en este caso. “Eso es una penalización que no implica multa, que induce autorresponsabilidad, y que tendría también sus matices“, expresa el presidente de SEMES.

En cuanto al caso de las urgencias, Armengol expone que no es posible penalizar la inquietud por sentirse necesitado de atención, esto algo subjetivo, no valorable a priori, y la penalización o el anuncio de penalización perjudicarían a los grupos más frágiles. Además aclara que cualquier servicio de Urgencias de la geografía dispone de mecanismos de selección y clasificación, que priman, tras la valoración previa al paciente que potencialmente está más grave frente al que potencialmente está más leve y también es importante aquí insistir a todos los niveles en la concienciación, la divulgación y la educación sanitaria para fomentar el buen uso.

Pero… ¿Qué alternativas se pueden plantear para que el sistema sea sostenible y no se ataque de forma directa al paciente? Desde FADSP aconsejan al Ministerio de Sanidad que se fomente la función educativa del sector, ampliando las políticas de participación, haciéndola mucho más atractiva de cara al ciudadano.

Además creen necesario revertir la situación de la denominada atención primaria, que ha visto cómo su presupuesto se reducía en 16%, al contrario que el destinado a los hospitales que sólo ha caído un 2% en los últimos años.

Por su parte, SEMES coincide en insistir que antes que establecer medidas de sanción, se debe primar las medidas de divulgación y de educación sanitaria, hay mucho margen de mejora en este aspecto y hay pasos intermedios como la reubicación en lista.

También consideran como fundamental aplicar preceptos que ya recoge la Ley desde hace años, como delimitar concentrar y rentabilizar la complejidad de determinadas prestaciones y la cartera de servicios. Evitar ya no duplicidades, sino triplicidades y profundizar en todas aquellas e innumerables medidas de eficiencia a los también innumerables procesos que abarca la Sanidad.

¿QUÉ SITUACIÓN HAY EN EUROPA EN ESTE ASPECTO?

En cuanto a la atención en urgencias, el copago está muy extendido. Grecia y Italia plantean un pago previo a la visita del hospital que, más tarde, es devuelto al paciente si la urgencia está debidamente justificada.

Uno de los aspectos que plantean los expertos sobre la reforma fiscal es el de cobrar a los paciente que acudan a la medicina de atención primaria. El denominado 'ticket moderador'– que planteó el presidente de la Generalitat Artur Mas– consistía en limitar las numerosas consultas innecesarias a los centros de salud.

Esta práctica ya existe en países como Francia- donde se paga un euro por cada consulta o un máximo de 50 euros año– o Bélgica. En Alemania también estaba presente este repago pero a finales de 2012, en plena campaña electoral, se decidió suspender esta medida recaudatoria. En este caso, los pacientes o- clientes, como se prefiera llamarlos- debían pagar 10 euros cada tres meses para acudir al llamado médico de cabecera y otros diez si acudían al especialista sin autorización directa de su médico.

La propuesta que se plantea desde la Organización Médica Colegial aún no ha sido presentada de manera oficial al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública advierten que el colectivo que dirige José Rodríguez Sendín sólo agrupa al 15% de los profesionales de la medicina y que, por tanto, no representa la opinión del foro de la profesión.

A pesar de lo expuesto, hay estudios representativos que sí que refrendan esa opinión que se sostiene las palabras de Sendín. Por ejemplo, el que realizó el doctor Jiménez en el Servicio de Emergencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que dejó como conclusión que las urgencias son un servicio “muy caro” y que existe una “masificación” que perjudica a los usuarios. 

Esos datos señalaban que el 60% de las visitas atendidas en ese centro hospitalario en 2011 se produjeron por iniciativa propia de los pacientes y que todos habían tenido la posibilidad de acudir a su centro de salud habitual. 

Al ser preguntados por no haber acudido antes a la su médico de cabecera, uno de cada cuatro encuestados aseguró que su problema era urgente, el 19% que preferían acudir al hospital y un 16% que señaló que le venía mejor el horario.

Además, el texto concluía destacando que cuánto más cercano está el hospital del domicilio de los pacientes más se acude a él sin pasar por el propio centro de salud.

Por el momento, el debate está ya planteado. La mayoría de responsables sí que coinciden en la necesidad de replantear un modelo sanitario aunque siempre teniendo en cuenta a la población con más problemas económicos, ya que un posible repago podría provocar que la necesidad de acudir a urgencias por parte de algunas personas podría no ser atendida.

A pesar de ello, desde SEMES se señala que no pocos son los responsables de Consejerías que se han opuesto públicamente a estas medidas, y todos los partidos políticos, incluyendo el de Gobierno, por lo que deducen que no entra en los planes del Ministerio. El pago por un mal uso de urgencias tendrá que esperar.