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El crowdfunding está viviendo un momento dulce en España. Según un informe reciente, el negocio movió 19 millones de euros en nuestro país, casi el doble que en 2012. Y existen ya 53 plataformas de este tipo en nuestro país. Sin embargo, la confusión que ha sembrado el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros podría poner palos en la rueda. Especialmente debido a la confusión ocasionada.

'The Crowd Angel', una plataforma especializada en Equity Crowdfunding (búsqueda de inversiones para 'startups' a cambio de participaciones en el capital de la empresa), ya ha anunciado que suspende sus operaciones. “Con un marco legal que no está claro no nos parece justo seguir operando. Es por responsabilidad”, cuenta Ramón Saltor, CEO de la plataforma, quien además se pone a disposición del Gobierno para trabajar.

Y es que, según todas las fuentes consultadas, el anteproyecto de ley se ha redactado sin hablar con el sector y sin tener en cuenta sus opiniones.

TODOS EN EL MISMO SACO

La parte más controvertida del anteproyecto de ley es la que estipula unos límites tanto para la recaudación de los proyectos como para las aportaciones individuales.
En el primer caso se trataría de un máximo de recaudación de un millón de euros por proyecto. No supone de momento grandes problemas en el caso de España, donde los proyectos suelen tener una entidad menor, pero sí podría suponerlo en el futuro. En nuestro país hasta ahora el récord de recaudación ha sido de 680.000 euros para sacar al mercado una reedición especial del juego de mesa Heroquest, pero en Estados Unidos hace tiempo que se alcanzan los millones de dólares.

Otra cosa son los límites para los inversores y los donantes: 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros al año por plataforma. “Es un límite absurdo. Un Business Angel no se gastaría menos de 10.000 o 20.000 euros en un proyecto; no le interesa”, explica Carlos Otto, portavoz de Lánzanos.

Para los expertos del sector el problema es en gran parte el profundo desconocimiento que existe. “Se nos mete a todos en el mismo saco”, opina Antonio Puerta, director de marketing de Comunitae.

Y es que existen distintos tipos de crowdfunding. El primero y más popular es el crowdfunding de donaciones o recompensas: los usuarios colaboran con pequeñas aportaciones a cambio de recompensas como el producto que se está financiando, una mención, ediciones especiales… En este caso entrarían plataformas orientadas a pequeños proyectos, muchas veces creativos, como Lánzanos o Verkami.

Otra cosas con los préstamos P2P o crowdlending, donde entraría el caso de Comunitae: particulares dejan pequeñas cantidades de dinero a otros particulares a cambio de una rentabilidad. Es una opción para pequeños ahorradores que supone un riesgo, pero que si diversifican sus inversiones y aciertan obtienen una rentabilidad mayor que con un depósito tradicional. “La mayoría de los inversores comienzan con poco dinero en su primera prueba, pero a los seis meses ya prestan más del doble”, cuenta Puerta.

Finalmente, el llamado Equity Crowdfunding, se acerca a un modelo de inversión tradicional en el que las plataformas hacen de intermediarios para unos inversores que lo que obtienen son participaciones en el capital de 'startups'. Este es el caso de 'The Crowd Angel' y al que más afectarían los límites que supuestamente quiere implantar el Gobierno. En esta plataforma, por ejemplo, han cerrado siete operaciones de entre 150.000 y 300.000 euros desde mayo de 2012. La media por inversión es de 12.000 euros y cada inversor suele realizar al menos dos al año. Es decir, más de 20.000 euros al año. Una cifra muy alejada de los supuestos 6.000.

¿UN GUIÑO A LOS BANCOS?

La primera reacción en redes sociales ha sido atribuir esta regulación a una intención premeditada por parte del Gobierno para beneficiar a la banca tradicional ante la emergencia de canales de financiación alternativa que pudieran hacerles frente. El propio ministro Luis de Guindos hizo alusión a los bancos en su comparecencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros al afirmar que, cuando se opta por el crowdfunding se prescinde de intermediarios, entre ellos “los agentes bancarios” y se saltan “los cauces habituales”.

Sin embargo, las fuentes del sector son prudentes y rehúyen las teorías de la conspiración. Creen que los problemas se deben más al desconocimiento que a la mala voluntad. “Estamos tranquilos porque creemos que en cuanto nos reunamos con alguien nos van a escuchar”, opina Carlos Otto, de Lánzanos.

“El problema es que el Gobierno no sabe lo que es el crowdfunding, le parece un juguetito. Y no somos cuatro chavales jugando a las empresas; estamos montando una industria”, añade.

Desde The Crowd Angel o Communitae, ni quiera creen que se pueda hablar de competencia directa con los bancos. “Los bancos no invierten en 'startups'”, apunta Saltor. “Es posible que los bancos hayan incluído algo… pero no somos competidores directos. Hay sitio para los dos”, opina por su parte Puerta de Communitae.

POR FAVOR, REGÚLENOS

Lo más curioso de todo este asunto es que las empresas del sector no solo no son reacias a la regulación, sino que la están pidiendo a gritos desde hace meses, incluso años. “Si nosotros no crecemos más es precisamente porque nos falta ese sello del respaldo de la CNMV y el Banco de España”, subraya Puerta.
Todos coinciden además en la necesidad de que el modelo de negocio de sea transparente y que los usuarios sean conscientes del tipo de producto en el que están metiendo su dinero, y si se trata de una donación o de una inversión con un riesgo asociado. “No queremos que esto se convierta en unas preferentes”, ejemplifica Otto.

En general, y dado que queda todo el trámite parlamentario por delante, aspiran a poder modificar los aspectos más controvertidos del anteproyecto y lograr una regulación más acrode con las necesidades del sector y los ejemplos internacionales. En este sentido, por ejemplo, se refería Otto a las limitaciones que la ley impone en Estados Unidos: “Allí el límite apra el inversor es el 10 por ciento de su sueldo anual”, dice.

En este u otro sentido, todos esperan modificaciones. “Sería una pena que este anteproyecto terminara siendo una ley y cortara las alas a una industria que funciona muy bien en otro países. Pasaría el tiempo y nos preguntaríamos por qué en España no existe una gran compañía de crowdfunding”, concluye Saltor.