miércoles, 12 agosto 2020 0:27

El Constitucional, a favor de controlar el email de los trabajadores

Los hechos se remontan al año 2008 cuando una firma dedicada a la actividad química industrial notificó al trabajador una carta de despido disciplinario por “transgredir la buena fe”, al haber mantenido durante “mucho tiempo” una conducta de “máxima deslealtad”, proporcionando mediante correo electrónico y SMS información confidencial a otra entidad mercantil, sin haber pedido autorización para ello y utilizando medios que eran propiedad de la empresa.

En concreto, este trabajador transmitió todos los datos relativos a la previsión de la cosecha de 2007 y 2008, “incluyendo extremos especialmente sensibles de cuya importancia era conocedor, por lo que no debían transmitirse en ningún caso a nadie de fuera de la empresa”. La compañía en la que trabajaba se dedicaba a la obtención de alcaloides, como morfina y codeínas, a través del cultivo de la planta de la adormidera y el posterior tratamiento de la cosecha en sus instalaciones industriales.

MEDIDA PROPORCIONADA

El TC rechaza que el acceso de la empresa al contenido de los correos electrónicos del trabajador fuera una medida desproporcionada y defiende que era una decisión “justificada” en base a las “sospechas” del comportamiento irregular del empleado, “idónea” para verificar si revelaba datos de reserva vigilada a terceros y “necesaria” para justificar el despido disciplinario, además de “ponderada y equilibrada” pues ninguno de los mensajes objeto de la controversia reflejaba aspectos de la vida personal y familiar del trabajador.

Alude a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que amparaba a otros trabajadores porque en su caso no fueron advertidos de la posibilidad de que sus comunicaciones fueran intervenidas, a diferencia del supuesto enjuiciado en el que era “previsible” que se vigilaran. En la sentencia, el Alto Tribunal tiene en cuenta el Convenio colectivo del sector químico, que tipifica como falta leve “la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral”.

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