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El ministro José Ignacio Wert “ha decidido que haya menos universitarios y más Formación Profesional”, según ha comentado en declaraciones a Efe el portavoz socialista de Educación en el Congreso, Mario Bedera.

“Es decir -ha proseguido-, va a devaluar nuestra educación porque el sistema de Formación Profesional que ha diseñado no es precisamente de reconocimiento de la FP, sino subsidiario, alternativo pero inferior al sistema más académico del Bachillerato”.

Las becas, ha explicado, representan la mayor parte del presupuesto ministerial, así que se ha buscado “reducirlo para que no se note”.

Desde 2005, todos los que soliciten beca que cumplan los requisitos de renta y académicos tienen derecho a ella, ha recordado.

Esto, en momentos de crisis, según Bedera, significa “engordar” la bolsa de beneficiarios por una bajada de la renta familiar, así que el Gobierno ha “recortado” por el otro lado, es decir, se introduce un elemento “corrector” no de naturaleza económica, sino académica.

Ha asegurado que a Wert se le ha encargado el trabajo “sucio” de hacer una educación de “bajo coste” para “reducir” la tasa de titulados universitarios, que al final serán los que menos recursos económicos tengan, y mandarlos a la FP.

Así, la política de becas es “la puntilla” después de la subida de tasas de matrícula universitaria derivada del decreto-ley para la racionalización del gasto público en educación (2012) y el proyecto de reforma educativa no universitaria, en tramitación parlamentaria.

Para el PSOE, está claro que es “absolutamente intencionado” que el ministerio no haya enviado al Consejo de Estado un estudio pormenorizado de las consecuencias de aumentar las exigencias académicas en la obtención y renovación de las becas generales, pues pretende “reducir de forma drástica” su número.

En el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, el Consejo no apreció que el proyecto de regulación de las becas generales del curso próximo (ya aprobado) fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matizaba que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio “detenido” de sus repercusiones.

“Al Consejo de Estado le han hurtado o le han robado los datos de cómo va a ser ese impacto”, ha interpretado Bedera.

Las “dificultades” para acceder a las becas desde el punto de vista de las calificaciones hacen que la norma pueda ser “injusta”, según ha comentado a la vista del dictamen.