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Según la eléctrica chilena, que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia, el proyecto, situado en la región de Atacama, a 700 kilómetros de Santiago, cumple con todos los requisitos legislativos y se ajusta con la normativa de medioambiente que hoy existe en Chile.

El tribunal de alzada santiaguino paralizó el proyecto tras acoger tres recursos de protección presentados por organizaciones sociales de la zona contra de la decisión de un Comité de Ministros que el pasado 3 de diciembre había aprobado la construcción.

En un comunicado difundido este jueves, Endesa recalcó que “Punta Alcalde será una de las centrales más eficientes del sistema eléctrico chileno, con una capacidad de generación equivalente a más de 10 % de la demanda eléctrica actual del Sistema Interconectado Central (SIC)”.

Con una inversión de 1.400 millones de dólares, Punta Alcalde tendrá una potencia de 740 megavatios (MW) e incluye la construcción de un puerto.

Endesa Chile se comprometió hoy además, al cierre de operación de las turbinas de petróleo diesel ubicadas en la ciudad de Huasco (64 MW)” una vez que se termine de construir la central de Punta Alcalde.

La decisión de apelar tiene el apoyo por autoridades del Gobierno chileno, que ha apoyado la decisión del comité de ministros que dio luz verde al proyecto.

El ministro de Economía, Félix de Vicente, consideró el fallo “una mala noticia” y agregó que “Chile ha perdido competitividad por el tema eléctrico. Es una mala noticia mirado desde el punto de vista del desarrollo económico y la competitividad de nuestro país.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la internacional Oceana, que vela por la conservación marina, criticó al Gobierno chileno por la defensa del proyecto de Endesa.

El director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz, aseguró que “el Gobierno está resguardando los intereses corporativos de Endesa y las empresas mineras, en vez de conducir una política energética verdaderamente orientada al bien común”.

“Si el proyecto Punta Alcalde se cae será simplemente por ser muy contaminante y por el actuar ilegal y arbitrario del Comité de Ministros”, aseguró Muñoz.

La Corte Suprema, según fuentes del caso, podría demorarse entre tres y seis meses en pronunciarse sobre el caso.