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En una conferencia de prensa en Santo Domingo, la coalición trasladó su “preocupación” por la “intensidad” de estos supuestos discursos dirigidos contra la comunidad de inmigrantes haitianos que residen en la República Dominicana.

Además, solicitaron que se frenen las redadas y detenciones que realiza la Dirección General de Migraciones (DGM) de manera “colectiva, sistemática, generalizada y fuera de los parámetros establecidos por la Constitución Dominicana y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el país es signatario”.

El portavoz de la coalición, Keder Lafortune, opinó que las redadas se realizan de forma “violenta y no responden a una política seria de motivar a la regularización de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana”.

En muchos operativos, indicó, “se ha visto como los agentes de migración cobran de 3.000 (unos 71 dólares) a 5.000 pesos (alrededor de 89 dólares) para negociar con la persona detenida y de sustraer sus pertenencias, lo que constituye un negocio para recaudar dinero a través de la extorsión a inmigrantes haitianos”.

A su vez, la coalición puso de relieve el hecho de que las mujeres embarazadas y niños/as inmigrantes haitianos, sean “maltratados y agredidos” sin, además, existir un procedimiento especial para su deportación.

“En el mes de mayo perdió la vida en manos de agentes de migración, Jean Robert Lors, un inmigrante haitiano que contaba con documentos migratorios pero no le fue permitido identificarse en el momento de su detención. La Coalición depositó una denuncia en la fiscalía con apoyo de la sociedad civil dominicana para que se investigue y se sancione a los agentes responsables del hecho”, dijo Lafortune.

Por último, la coalición pidió que la Dirección General de Migración “respete” el protocolo de entendimiento sobre mecanismos de repatriación firmado por República Dominicana y Haití y defendió la necesidad de un compromiso socio-político para alcanzar un nuevo modelo en la gestión de las migraciones.

Haití anunció que a partir del 1 de agosto prohibiría la importación de plásticos desde República Dominicana con el propósito de proteger su medioambiente; una veda que suma a la impuesta anteriormente a productos avícolas dominicanos.