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El Gobierno colombiano da por “suspendido” el diálogo con campesinos del Catatumbo

El ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, así lo afirmó al declarar a la emisora RCN La Radio que desde que empezó el diálogo el lunes hay puntos “inamovibles” para unos y otros que impiden llegar a acuerdos.

Por su parte, el líder campesino Juan Carlos Quintero dijo a la misma emisora que “el Gobierno es quien se levanta de la mesa, los campesinos en ningún momento lo han hecho”, y responsabilizó al Ejecutivo “de la tragedia que pueda suceder a partir de hoy, si hay muertos o heridos, porque prevemos un eventual ataque del escuadrón móvil antidisturbios”.

El delegado gubernamental explicó que mientras los manifestantes exigen que se declare “una Zona de Reserva Campesina (ZRC) y suspender la erradicación manual” de la hoja de coca, el Gobierno pide el fin de las protestas y bloqueos de vías como condición para negociar, a lo que se oponen los manifestantes.

Los negociadores del Gobierno presentaron el miércoles una propuesta de acuerdo que incluye una inversión en proyectos productivos, en mil viviendas rurales y en 1.100 empleos temporales, entre otros puntos, valorada en 80.000 millones de pesos (32 millones de euros).

Pero, según el ministro consejero, los campesinos insistieron en que esos planes estén acompañados del establecimiento de una ZRC, un modelo de desarrollo rural creado por una ley de 1994.

“Hay unos trámites que faltan para constituir la Zona de Reserva Campesina, como las consultas de rigor. Eso no se puede discutir a través de un paro o a través de los medios de comunicación”, agregó.

De acuerdo con Garzón, tampoco es posible levantar de inmediato la campaña de erradicación manual de hoja de coca como pretenden los campesinos porque en esa decisión están comprometidas políticas de Estado.

Garzón reconoció que “este caso del Catatumbo es muy complejo” y que las demandas de los campesinos forman parte de una “discusión pertinente”, aunque admitió que “tienen razón en temas de ausencia del Estado” y que una solución por la fuerza no es pertinente.

Pero también observó que los campesinos “han sido utilizados para una estrategia política que está ligada a La Habana. No estoy estigmatizando, pero hay gente que está convirtiendo en una estrategia regional, relacionada con los diálogos en Cuba” entre el Gobierno y la principal guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Desde que se iniciaron las protestas el 10 de junio, que según la Policía y el Gobierno están infiltradas por las FARC, unos 15.000 campesinos mantienen bloqueos intermitentes de las vías que dan acceso a Ocaña y Tibú, por lo que sus habitantes sufren una situación de desabastecimiento.

Al menos cuatro campesinos han muerto en los disturbios como consecuencia de la respuesta policial.

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