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La Conselleria de Sanidad deberá indemnizar con 33.395 euros a una mujer a la que en una operación de apendicitis crónica en un centro privado al que fue derivada por el plan de choque contra las listas de espera le quitaron el ovario y la trompa derecha, lo que descubrió años más tarde tras una cesárea.

Así lo propone un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que considera que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat en este caso. Los hechos se remontan a mediados de mayo de 1996, cuando, dentro del plan de medidas excepcionales para eliminar listas de espera quirúrgicas, el Servicio Valenciano de Salud derivó a una mujer a un centro sanitario privado con el diagnóstico de apendicitis crónica, donde fue intervenida de apendicetomía.

Posteriormente, en julio de 2005, al practicarle una cesárea se le detectó en la revisión de anexos la ausencia de ovario y trompa derecha, y se concluyó que en la intervención del año 1996 le fue extirpado el anexo, un hecho que hasta ese momento desconocía la paciente, quien presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial. El dictamen del organismo consultivo de la Generalitat expone que, según los informes aportados al expediente, “no consta acreditada la procedencia de la extirpación” del ovario derecho y de la tuba derecha.

Así, no consta ninguna explicación ni referencia alguna suficiente en la historia clínica al respecto, ni la remisión de tales piezas extirpadas a estudio histopatológico, mientras que no queda acreditado en el expediente que la paciente tuviera conocimiento de dicha extirpación. El CJC expone que la Ley general de Sanidad reconoce el derecho de los particulares a obtener una información sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

Por ello, considera que debe declararse la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Generalitat por incumplimiento de la lex artis, ya que la extirpación se llevó a cabo incumpliendo el deber de informar a la interesada. La reclamante solicitó una indemnización de 28.584 euros, en aplicación del baremo sobre indemnizaciones en materia de accidentes de tráfico del año 2005, por pérdida de ovario y trompa. Sin embargo, el CJC estima que se le deben abonar 33.395 euros, por los daños causados (pérdida del anexo derecho, ovario y trompa), actualizando la cantidad indemnizatoria solicitada con arreglo al baremo del año 2011.