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Será en el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y del SAAD donde debatirán este sistema, con el que el Ejecutivo pretende que las comunidades justifiquen “con mayor claridad” el dinero que reciben para la dependencia, después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades en miles de expedientes de beneficiarios.

Así lo han explicado a Efe fuentes del Ministerio, que han concretado que para llevar a cabo este control, las autonomías, a través de la consejería correspondiente, deberán aportar datos exhaustivos sobe los beneficiarios tales como el grado de dependencia, la fecha de concesión de la prestación y el tipo de servicio que reciben, entre otros.

Esta certificación será necesaria para que las comunidades puedan recibir la cuantía que aporta el Estado para desarrollar el SAAD.

En la reunión, la ministra y las comunidades también someterán a consideración el nuevo sistema de subvenciones sociales, el plan de atención a menores de tres años con graves discapacidades, así como la futura ley general de discapacidad.