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Josep Cruanyes ha realizado este anuncio en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el director del Archivo Nacional de Cataluña, Josep Maria Sans Travé, que ha expresado su apoyo y agradecimiento a la labor de la Comisión de la Dignidad.

Esta Comisión fue creada por una iniciativa ciudadana en 2002 para protestar por el retraso en la devolución de los documentos expoliados en Cataluña y depositados en el Archivo general de la Guerra Civil en Salamanca.

Fuentes del Ministerio de Cultura han argumentado, por su parte, que antes de dar cualquier paso quieren finalizar totalmente el proceso de digitalización de los documentos.

Además, señalan las mismas fuentes, la decisión de tramitar los papeles compete al patronato del Archivo de Salamanca.

El director del Archivo Nacional de Cataluña ha desglosado que todavía faltan por recuperar unas 411 cajas con más de 3.000 documentos, de las cuales 111 ya estaban preparadas para ser recibidas en Cataluña al final de mandato de la anterior ministra de cultura, la socialista Ángeles González-Sinde.

El presidente de la Comisión ha asegurado que el contenido de esas 111 cajas hace meses que ya está “digitalizado y preparado”.

“Hoy, hace seis meses que el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, dijo que la tramitación de los papeles de Salamanca se haría en tres meses”, ha apuntado Cruanyes.

El presidente de la Comisión ha añadido que el Ministerio de Cultura pone trabas para retornar los papeles, apoyándose en interpretaciones de la Ley de Memoria Histórica de 2005, y se niega a devolver los documentos que pertenecen a trece ayuntamientos catalanes, entre los cuales están los de Barcelona, Igualada, Reus, Sant Cugat del Vallès o Tarragona.

“Quizá -ha lamentado el historiador-el modelo de Wert es el de Franco y el señor Rafael Álvarez Arenas, jefe del servicio de ocupación de Cataluña el 1939”.

Travé ha especificado que la Generalitat de Catalunya ha desembolsado más de un millón y medio de euros para identificar y digitalizar los papeles de Salamanca, entre 2003 y 2013, y ha instado al ministro Wert a devolver los papeles en aras del ahorro.