La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza Ángela Murillo, juzga desde este lunes las supuestas irregularidades que envolvieron la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía pide para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores. Desde el inicio de la sesión, Rato, que llegó a la sala de vistas trasladado desde la prisión de Soto del Real, en la que cumple condena por el caso de las `tarjetas black´, se mantiene concentrado y tomando notas de todo lo que va sucediendo en la sala.
Comienza el juicio del «caso #Bankia«, con Rodrigo Rato y otros exaltos cargos de la entidad en primera fila del banquillo de los acusados. La Fiscalía pide 5 años de prisión para el exvicepte. del Gobierno. #AN1 pic.twitter.com/Ev3vdK6qN1
— Aragón TV (@aragontv) 26 de noviembre de 2018
La Fiscalía, que sólo acusa a cuatro de los 34 directivos de Bankia que se sientan en el banquillo, está representada por Carmen Launa, que ha sustituido a Alejandro Luzón tras su nombramiento al frente de Anticorrupción.
El ministerio público acusa también de estafa al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de prisión; al exconsejero José Manuel Fernández Norniella, para el que solicita tres años, y al exconsejero delegado, Francisco Verdú, para el que pide una condena de dos años y siete meses de cárcel. Además, solicita para cada uno una multa de 60.000 euros.
Bankia fue el resultado de la fusión de siete cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja). El salto al parqué se concibió como una forma de recapitalizar la entidad, duramente castigada por la crisis económica y expuesta al mercado inmobiliario. Para ello, dice el ministerio público, “se ocultó” el estado financiero real del banco para obtener «a toda costa» los fondos necesarios para su saneamiento.
Para reflotar la entidad, finalmente fue necesario un rescate europeo de cerca de 23.000 millones de euros.
Aunque en un primer momento la Fiscalía descartaba la falsedad contable, Launa anunció en el debate de las cuestiones previas que se está replanteando este aspecto de sus conclusiones.
Las acusaciones populares solicitan hasta 12 años de prisión para los 31 exdirectivos y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora, Deloitte. El folleto informativo de la operación mostraba cuentas que no reflejaban la imagen fiel del banco.
Por su parte, Bankia y su matriz BFA defenderán en el arranque de la vista la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’, que estableció en el caso del banquero que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como ocurre en este caso, si sólo pesa en su contra la acusación popular.
