El responsable de Asuntos Económicos de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez Mato, y la coportavoz de IU Madrid, Lourdes Gómez, informaron hoy de que su partido ha presentado este lunes, vía telemática, una querella criminal contra la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a la Alcaldía, Begoña Villacís, por la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Sánchez Mato, en declaraciones a los medios, denunció que Villacís incurrió en falta de transparencia y ocultación de intereses al no declarar que era administradora solidaria de una sociedad y gabinete jurídico. Por ello, «se benefició presuntamente de esa posición, puesto que usó la sociedad para construir su casa y comprar otros dos inmuebles junto a su marido».
Además, continuó, existen «claros indicios» de que incurrió en incompatibilidades en el cargo, ya que «el gabinete jurídico representa a un sindicato de la Policía Municipal y Villacís ha desarrollado actividades en el Pleno y las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con esa misma policía».
Por todo ello, la querella presentada por IU como acusación popular considera que se vulnera el artículo 441 del Código Penal, que contempla penas de multa de seis a 12 meses de multa y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.
Sánchez Mato explicó que Villacís «estaba obligada» a realizar una declaración de bienes y actividades y actualizarla cada seis meses, pero matizó que la candidata de Cs «no citó que era administradora de una sociedad al acceder al cargo público».
Por su parte, Gómez comentó que hasta abril de 2018 no aparecía en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad empresarial de Villacís. «La portavoz de Cs no renunció a su cargo de administradora del gabinete hasta marzo de ese año, como aparece en el Registro Mercantil, después de que esa irregularidad fuera revelada por un medio de comunicación», dijo.
Ante estos hechos, recordó que el propio Ayuntamiento elaboró un informe jurídico «en el que queda constancia de diversas irregularidades en la forma de actuar de Villacís, existiendo elementos que hacen pensar que debiera haberse abstenido de participar en diferentes votaciones plenarias».
Gómez denunció que la sociedad de Villacís representa a un sindicato de la Policía Municipal que se querelló contra la concejala Rommy Arce. Además, apuntó que el grupo municipal de Cs ha realizado preguntas, propuestas y otras actividades «directamente relacionadas» con la Policía Municipal.
«Razones de estricta justicia y equidad hacen rechazar que un cargo electo pueda ser juez y parte en un asunto del que se espere obtener un beneficio personal o colectivo», remarcó Gómez. Por ello, la relación de Villacís con el despacho de abogados que se querelló contra otra concejala «parece ser causa de incompatibilidad recogida en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)», opinó.
En este sentido, indicó que cuando se produce la situación de incompatibilidad, «el electo debe optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación de incompatibilidad», y lamentó que Villacís «no hizo ninguna de las dos cosas».
La querella especifica que Villacís «debería haberse abstenido en determinadas votaciones en pleno de acuerdo a la ley» y se pide que sean llamados como testigos la concejala Rommy Arce, el secretario del Pleno, Federico Andrés López, y el marido de Villacís, Antonio Suárez-Valdés, administrador del gabinete jurídico del mismo nombre.
(SERVIMEDIA)
