La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha criticado que Gobierno niegue el problema de la okupación y mire para otro lado «cuando escuchan a vecinos y ven que se están okupando las viviendas que han pagado con esfuerzo, trabajo y sacrificio, y que están más cerca de los delincuentes que de las víctimas».
Ante esto, Beltrán ha afirmado que «no se va a consentir que la ocupación ilegal se extienda y campe a sus anchas por toda España, atacando a la propiedad privada» y ha añadido que «la lucha contra la okupación ilegal no es de derechas y de izquierdas, es de justicia».
Beltrán ha apuntado este sábado durante una rueda de prensa en el barrio de Son Roca (Palm) que se están recogiendo firmas en toda España en contra de la ocupación ilegal y se va a presentar una ley en el Congreso para pedir penas de uno a tres años de cárcel para los okupas, que se les pueda sacar de las viviendas antes de 12 horas, que no se les permita empadronarse y que las comunidades de vecinos puedan emprender acciones legales contra ellos.
En cuanto a Baleares, el Partido Popular ha denunciado que «se produzca cada 48 horas una denuncia por okupación», asegurando que se trata de una situación «inconcebible y que hay que cambiar».
Según ha explicado el presidente del PP Baleares, Gabriel Company, también en rueda de prensa junto a Ana Beltrán, «la okupación es un fenómeno social, que genera muchísima inseguridad, además de rechazo en una parte de la sociedad, que no entiende como una ley protege más a un okupa ilegal que a un propietario legal».
En esta línea, ha lamentado que «la presidenta Armengol negó esta semana en el Parlament que la ocupación ilegal fuera un problema en Baleares, pero la realidad es que en esta comunidad se denuncia una ocupación ilegal cada 48 horas».
Asimismo, ha continuado Company, se trata de un fenómeno social el cual «incomprensiblemente, está amparado por un partido como Podemos, con la connivencia de un PSOE que mira hacia otro lado». «Un partido como el Socialista no puede mirar para otro lado mientras se priva a los ciudadanos del derecho a la propiedad privada, a un domicilio para el que se han pasado muchos años trabajando», ha criticado el ‘popular’.
«En Baleares existe un problema social de vivienda, pero eso no se arregla pisoteando el derecho a la propiedad privada, sino con buenas políticas de vivienda, algo que en esta comunidad autónoma no se está haciendo. Prueba de ello es que en cinco años no se ha construido ninguna vivienda de protección oficial», ha insistido Company, quien ha hecho hincapié en que «hay que lograr vivienda digna para los ciudadanos, hay que generar empleo porque es aquello que posibilita adquirir una vivienda o pagar un alquiler y hay que defender la propiedad privada sin ninguna duda».
RECLAMAN UN CAMBIO DE NORMATIVA
Por este motivo, ha vuelto a reclamar «un cambio de normativa» y ha recordado que «el PP ha presentado, tanto en el Congreso como en el Parlament balear, iniciativas para combatir la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social».
Concretamente, ha añadido, «pedimos desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 12 horas; que la okupación con violencia se castigue con penas de prisión de uno a tres años; que los okupas no puedan empadronarse en las viviendas ocupadas, así como que a nivel autonómico, el Govern habilite un número de teléfono gratuito para denunciar posibles ocupaciones ilegales y dar asesoramiento legal a los ciudadanos».
En esta línea, ha continuado, «cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la cual se priva de un derecho que tiene amparado en la Constitución. Y son los poderes públicos quienes tienen que garantizar la vivienda digna, no el particular a quien han ocupado su inmueble».
Asimismo, ha apuntado, «desgraciadamente, en España se protege la posesión sin título antes de que la propiedad con título. La ley protege más al simple poseedor ilegal, frente al propietario. Todo un contrasentido».
