Cuatro peritos que formaron parte del equipo técnico que asesoró al Ministerio de Hacienda durante la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña cifraron este miércoles durante su declaración en el juicio del `procés´ en 917.648 euros “la suma de todos los importes” de las facturas vinculadas a la celebración del referéndum.
Según defendieron, existió “compromiso de gasto” por parte de la Generalitat de Cataluña para pagar diversos contratos relacionados con el referéndum del 1-O. La fiscal Consuelo Madrigal condujo la declaración de las funcionarias de Hacienda y de la Intervención General del Estado para tratar de demostrar que hubo desvío de gasto público al referéndum.
Con sus declaraciones, que comenzaron esta mañana, se desmontaría la tesis de las defensas que insisten en que no hubo delito de malversación a la vista de que los gastos atribuidos al referéndum unilateral 1-O no fueron finalmente abonados a los prestatarios del servicio o porque se suspendieron los pagos, se devolvieron las facturas o las empresas renunciaron al cobro.
La cifra dada por las peritos, cercana al millón de euros en facturas relacionadas con gastos para la organización del referéndum, entra de lleno en lo que el Código Penal califica como delito a agravado de la malversación, cuyo umbral se sitúa por encima de los 250.000 euros.
Concluido el interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a las expertas de Hacienda, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, les preguntó por la vinculación de la campaña dirigida a los catalanes en el extranjero con el 1-O. Para la experta Teresa Hernández, «al anuncio estaba vinculado con el referéndum y el registro de catalanes en el exterior” y terminaba preguntando “sí o no”, lo que entiende que estaba relacionado con el referéndum.
La perito entiende que «el producto (el anuncio para el registro de catalanes en el exterior) estaba vinculado con el referéndum por el contenido», puesto que además de informar sobre diversos servicios a los que podrían acceder los catalanes con residencia en el extranjero, el final del spot con un mapa de Cataluña que se desgaja y la expresión «sí o no», evoca el referéndum.
Carmen Tejera, una de las peritos, es abogada del Estado en el Ministerio de Hacienda, responsable del equipo técnico que se constituyó en enero de 2018 tras el requerimiento del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para que remitiesen toda la información sobre el coste total del referéndum del 1-O.
Junto a ella declararon otras tres peritos: Sara Izquierdo, abogada del Estado jefe en la secretaria de Estado de Hacienda; Teresa Cecilia Hernández, del cuerpo de administradores civiles del Estado, y Mercedes Vega, interventora del Estado en la intervención general del Estado .
Sobre la contabilidad presupuestaria de la Generalitat, las cuatro explicaron, a preguntas de la Fiscalía, que existió “compromiso de gasto” por parte del Govern, a pesar de que no se siguieran todas las fases del procedimiento de contratación administrativo. “La realidad está ahí aunque no exista procedimiento. Siempre que haya un encargo, ejecutado por el contratista de buena fe, se hace un cargo”. De esta manera, preguntadas por el momento en que se produce el perjuicio para el patrimonio público, ratificaron que “desde el momento en que se presta el servicio por parte del empresario”.
En este sentido, apuntaron que la existencia de facturas negativas “no implica que no se haya prestado el servicio”, sino que el empresario, tras haber pagado el IVA y no haber cobrado el servicio, tiene la posibilidad de emitir este tipo de factura. Asimismo, añadieron que pese a que exista una renuncia efectiva al pago de los servicios esto tiene una repercusión en el presupuesto público porque “el gasto se entiende realizado, el patrimonio ya se ha disminuido”. Aunque, con posterioridad se renuncie. “En un supuesto de renuncia se producirá un ingreso, pero en ningún caso eliminará el gasto que ya se produjo”.
