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Falcon Pedro Sánchez / Twitter

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado de usar el Falcon presidencial con motivo de la gran cantidad de actos de precampaña que está realizado estos últimos días.

El líder del Ejecutivo utiliza, sin embargo, un jet más pequeño propiedad de un empresario español que se lo ha alquilado.

Según ‘La Información’, Sánchez ha cambiado el avión oficial por el Cessna 560, que el dueño de Jazztel alquila con un precio de 2.500 euros a la hora.

Al parecer, se ha optado por la opción más barata, tras los últimos alquileres en los que habría viajado en los modelos Cessna Citation Excel (modelo 560XL) y el Cessna Sovereign. Ambos con capacidad para nueve y doce pasajeros, respectivamente, pero con un precio sensiblemente mayor, de 15.000 euros la hora.

Sánchez incumple las resoluciones de Transparencia y no informa sobre el uso del helicóptero presidencial

Moncloa ha desoído la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG) que le instaba a hacer público el número de veces que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los anteriores han volado en el helicóptero presidencial.

El plazo marcado por el CTyBG para que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno informase sobre estos datos a Servimedia, que había solicitado la información a través de la Ley de Transparencia, acababa el 18 de marzo. Casi una semana después Moncloa no ha dado ningún dato al respecto.

El Consejo de Transparencia resaltó, además, “la falta de coherencia” en la argumentación de Moncloa por considerar información clasificada el número de veces que Sánchez ha usado el ‘Super Puma’, el helicóptero presidencial, y, en cambio, sí dar esos datos sobre los expresidentes Rajoy, Zapatero y Aznar.

Esta solicitud se suma a otras resoluciones del CTyBG incumplidas por Moncloa sobre información similar. El Gobierno acató, por ejemplo, la resolución del Consejo de Transparencia que dictaba que debía informar a Servimedia del coste del viaje de Pedro Sánchez al Festival de Benicássim.

Presidencia, en aquella ocasión, no cumplió la resolución del Consejo de Transparencia, pero tampoco ha recurrido el dictamen ante la justicia, al menos por ahora. A pesar de este incumplimiento, el CTBG, el órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, no cuenta con capacidad sancionadora para penalizar al Gobierno.

PROBLEMAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno entró en vigor en diciembre de 2014, pero aún comporta algunos problemas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno más de cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia sigue sin contar con capacidad sancionadora y sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración. Todo ello supone que casos como el de Moncloa con el viaje de Sánchez a Castellón, donde la Administración decide no obedecer las resoluciones del Consejo, sean más habituales de lo que deberían.

Un caso parecido sucedió a raíz de una petición de la fundación ciudadana Civio. Esta organización solicitó en 2015, durante la presidencia de Rajoy, el listado de los viajes de los altos cargos y sus acompañantes realizados por el Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas del Ejército, la flota de aviones encargada de trasladar al presidente del Gobierno, los ministros o la Casa Real.

El Ministerio de Defensa denegó la información y el caso acabó en los tribunales. Aunque ahora se encuentra en el Supremo, debido a un recurso de Civio, la Audiencia Nacional sentenció en octubre de 2017 que el ministerio debía aportarles la información, excepto la “información clasificada por venir referida de Presidencia o Casa Real”.

Una excepción en la que ahora se ampara Moncloa para ocultar cualquier dato referido a los vuelos en helicóptero o avión de Sánchez, a pesar de que el Consejo de Transparencia siempre haya resuelto en contra de esa interpretación. El Consejo entiende que los datos sobre un viaje de Sánchez no pueden considerarse secreto por el mero hecho de ser información sobre un viaje del presidente del Gobierno y que la interpretación de la legislación que hace Moncloa no es correcta.