lunes, 21 septiembre 2020 9:37

Madrid interpone 600 demandas para recuperar viviendas sociales okupadas

La Comunidad de Madrid tiene interpuestos 600 recursos para recuperar inmuebles okupados de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) por distintas vías -penal, civil y administrativa-; con el objetivo de hacer frente a esta problemática, que ha caído en lo que llevamos de año un 50 por ciento.

“En este momento llevamos respecto al año pasado la mitad de okupaciones del año pasado. Si el año pasado el 1 de agosto se habían producido 150 okupaciones de viviendas sociales de la Comunidad, ahora hay 75“, ha destacado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista con Europa Press en la que ha añadido que las okupaciones o asaltos violentos -conocidos como ‘patadas en la puerta- han caído en el mismo período un 65 por ciento. Asimismo ha señalado que durante el estado de alarma no notaron un aumento de okupaciones “sino todo lo contrario”.

Hace un año se conformó la ‘Mesa de Vivienda y la Ocupación’, de la que forman parte el área de Pérez y la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas; que ha llevado a cabo acciones encaminadas a terminar con este fenómeno, como reuniones con la Fiscalía de Madrid, la elaboración de un protocolo frente a ella para los ayuntamientos o el refuerzo de la protección de las viviendas sociales.

El consejero ha cifrado en 4.000 los inmuebles okupados en la región -2.000 de la Comunidad y otros tantos privados- y ha señalado que el objetivo es “recuperar el total” de ellos.

“La okupación le quita la vivienda a familias que las necesitan. No es lógico que estén okupadas, aunque sea por gente que las necesite. Si es así, se puede hablar con ellas para buscar otro recurso pero no se puede optar por la patada en la puerta”, ha reprochado Pérez, quien entiende que la cifra actual de inmuebles que han sufrido este fenómeno es “baja” gracias a los esfuerzos del Ejecutivo regional que puso la okupación en su punto de mira desde el inicio de la legislatura.

Como parte de su estrategia frente a este problema, se ha reforzado con un sistema de blindaje las puertas de estas viviendas y se ha intensificado su vigilancia, especialmente en el lapso de tiempo entre que se terminan de acondicionar y se entregan las llaves; un período ventana donde suelen concentrarse las usurpaciones.

“Lo importante es que en esta legislatura recuperemos las 2.000 viviendas sociales que están okupadas. Es factible, teniendo esas 600 demandas presentadas. A pesar de que el Covid ha frenado el ritmo que llevábamos, esperamos recuperarlo en breve seguiremos presentando recursos”, ha explicado el consejero, que ha remarcado que “como no se consigue es no tomando decisiones”.

CRÍTICAS A SECTORES DE LA IZQUIERDA QUE SIMPATIZAN CON LA OKUPACIÓN

En este sentido, ha apuntado que la región ha visto como bajaba la incidencia de este fenómeno, mientras que Barcelona se encuentra “seis veces por encima” de Madrid porque “allí parece que se patrocina la okupación” por “cuestiones ideológicas”.

“Es un grandísimo error que el PSOE se deje influir por ellos. Por mucho que en este momento en el Gobierno de la Nación y en algunos gobiernos autonómicos y grandes ayuntamientos de España quienes están son personas que no solo la ven con buenos ojos, sino en el pasado han apoyado activamente la okupación”, ha cargado Pérez, que ha instado a los socialistas a elegir entre “los amigos de los okupas” o los “ciudadanos que pagan sus impuestos”.

Por último, ha vuelto a reclamar una reforma legislativa para poder acortar los tiempos y poder efectuar un desalojo “en 24 horas”. “Creemos que es posible tomar medidas cautelarísimas para que una vivienda que ha sido okupada automáticamente sea desokupada. Si no suelen acabar consolidándose y es más difícil desalojarlos”, ha concluido.

ROBLES CREE QUE LA LEGISLACIÓN ACTUAL ES “SUFICIENTE”

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema de la ‘okupación’ de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios.

“Todo lo que sea proteger los derechos de las personas, es evidente que hay que tratar de protegerlo al máximo. En todo caso, creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la ‘okupación’, sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas”, ha afirmado.

Así, la responsable de Defensa, que antes ejercía como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, opina que “desde el punto de vista judicial”, la normativa vigente “protege el derecho del propietario” frente a los ‘okupas’.