Los líderes independentistas catalanes en prisión preventiva que llevan días en huelga de hambre han enviado una carta a las «principales autoridades europeas» una carta en la que informan de su situación y denuncian el «bloqueo» del Tribunal Constitucional a su recurso.
Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull firman la carta, de la que han trasladado copia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa carta, piden la atención de las autoridades comunitarias «por una situación que entendemos muy grave, que sucede en el Reino de España y que afecta directamente a las reglas, los principios y los valores fundacionales de la Unión Europea».
Explican que son nueve personas (la expresidente del Parlamento de Cataluña, 6 exmiembros del Gobierno de Cataluña y 2 líderes de la sociedad civil) «que estamos en prisión sin juicio, algunos desde hace más de un año» acusados de rebelión «por haber promovido un referéndum pacífico en Cataluña el 1 de octubre del año pasado».
«Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho de representación política, y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías», explican.
Una de las consecuencias más graves de esa situación, prosiguen, es «el bloqueo que nos impone el Tribunal Constitucional español y que nos impide acceder a la Justicia Europea. Lo hace mediante dilaciones indebidas en la resolución de nuestros recursos de amparo», precisan, ya que la legislación y la doctrina establecen un periodo máximo de treinta días para resolver los recursos contra las órdenes de prisión provisional y, aunque el primer recurso de amparo se presentó el 22 de noviembre de 2017, no se ha contestado a ninguno de ellos.
Explican los firmantes que esa situación «injusta» les ha llevado a iniciar una huelga de hambre para denunciar ese bloqueo al acceso a la Justicia Europea, y que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen depositadas «nuestras esperanzas de Justicia y de protección de nuestros derechos fundamentales».
Denuncian la politización de los máximos órganos judiciales y del propio Tribunal Constitucional, un «problema conocido» que ha merecido las recomendaciones del Consejo de Europa a través del grupo Greco. Con la huelga de hambre, «una de las pocas acciones políticas de denuncia que pacíficamente se pueden llevar a cabo desde una cárcel, nos sentimos directamente defensores de las reglas y de los principios y valores fundacionales de la Unión Europea».
Aseguran que la carta pretende poner a esas autoridades «al tanto de una situación que en la Europa del siglo XXI creemos sinceramente que no debería producirse en ningún caso». «Conscientes de donde están los límites de la división de poderes, pensamos que esta denuncia no caerá en saco roto, seguro entre aquellos que hacen de los derechos fundamentales una divisa de su compromiso político e incluso ético», concluyen.
