Compartir

El colectivo de examinadores de tráfico volverá a la huelga el próximo año si el Gobierno no logra resolver la dificultad legal que provoca que no puedan cobrar 250 euros más en 14 pagas al año en concepto de complemento específico en sus nóminas, algo aprobado y rechazado a la vez en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La mayoría de los examinadores de tráfico estuvieron en huelga durante 65 días de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del año pasado en demanda del complemento específico salarial, una reivindicación que la Dirección General de Tráfico (DGT) trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esos paros causaron la suspensión de 220.764 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que tuvo acceso Servimedia. Las jefaturas más afectadas fueron Barcelona (22.884), Madrid (14.506), Málaga (10.965), Sevilla (9.938), Valencia (9.623), Murcia (8.714), Almería (7.245) y Alicante (7.184).

Este colectivo de funcionarios desconvocó los paros tras un acuerdo inicial entre todos los grupos parlamentarios del Congreso salvo el PP, que se comprometieron a incluir su demanda salarial en las cuentas estatales de 2018. Los populares se sumaron al final cuando se votaron los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, los examinadores de tráfico no han cobrado el complemento específico y convocaron nuevamente jornadas de huelga de lunes a viernes entre el 10 y el 21 de diciembre de este año. El pasado lunes se suspendieron cerca de 5.000 exámenes prácticos, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Ese mismo día, representantes del comité de huelga y de la DGT (en este caso, encabezados por su director, Pere Navarro) mantuvieron una reunión por la tarde tras la cual quedó desconvocada la huelga después de un acuerdo entre ambas partes por el que los examinadores de tráfico recibirán en una única nómina la subida salarial que les correspondería todo este año, pero no como complemento específico, sino como productividad y en diferentes conceptos.

CONFLICTO “ABIERTO”

El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, señaló este jueves a Servimedia que ese incremento salarial por productividad puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”, mientras que el complemento específico es “para toda la vida”.

No obstante, apuntó que el comité de huelga aceptó esa subida de sueldo “de buena fe”, pero indicó que el conflicto laboral no ha terminado. “Si en el primer semestre de 2019 no hay una respuesta legal, tendremos que salir otra vez a la calle”, advirtió.

El problema legal es que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 recogen el aumento salarial de los examinadores de tráfico a través del complemento específico, pero también que el incremento en la nómina de los funcionarios durante este año no puede ser superior al 1,5%. Los policías nacionales y los guardias civiles estaban en una situación similar, pero ese entuerto legal se despejó en las cuentas estatales con una disposición adicional.

Por tanto, los examinadores de tráfico no tienen garantizada la subida de sueldo a partir de 2019 y pretenden que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), dependiente del Ministerio de Hacienda, modifique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que conste el incremento retributivo correspondiente del complemento específico.

“No puedo permitir que nos llamemos a engaños creando un ambiente victorioso porque no lo es. El conflicto sigue abierto, aunque sea desde un prisma más sosegado para todos”, comentó Jiménez.