La reforma hipotecaria que negocian los partidos políticos en el Congreso imputará todos los costes de formalización del préstamo al banco, salvo el coste de tasación de la vivienda que continuará corriendo a cargo del cliente.
Así se hace descansar en la banca la factura del notario, registro y la gestoría, además de soportar el impuesto de actos jurídicos documentados tras el cambio fiscal aprobado la pasada semana por el Gobierno.
El consumidor continuará asumiendo con el pago de la tasación, algo que le permitirá utilizar esa valoración si finalmente decide contratar la hipoteca con una entidad distinta a la que planeaba en un inicio, confirmaron fuentes parlamentarias.
El reparto de los costes ha sido acordado entre los grupos parlamentarios en una enmienda transaccional presentada por el PSOE y que busca poner fin al elevado litigio judicial por los costes después de que el Supremo resolviese que debía ser equitativo, pero que ha sido interpretado de forma dispar por diferentes instancias judiciales.
El acuerdo se ha alcanzado en la ponencia de la reforma hipotecaria, donde los partidos han acordado también que el notario efectúe un cuestionario al consumidor previo para garantizar que entiende bien los derechos y obligaciones que asume al firmar la hipoteca.
Las negociaciones continuarán la próxima semana con intención de cerrar cuanto antes el texto para someterlo a su aprobación en la Comisión de Economía y el Pleno de la Cámara, y agilizar la tramitación en el Senado.
La norma arrancó porque el fondo era trasponer una directiva sobre la ley de crédito inmobiliario de 2014 cuyo plazo de incorporación al ordenamiento jurídico ya ha expirado. Pero su redacción final incluye otros muchos aspectos con intención de reforzar la protección del consumidor y acabar con la alta litigiosidad en hipotecas con unas reglas claras que devuelvan la seguridad jurídica.
La norma pone especial énfasis en mejorar la transparencia en la contratación para proteger al ciudadano y que sepa bien lo que firma, al tiempo que impide una comercialización indebida u opaca por parte de las entidades financieras.
Así, la ley obligará, por ejemplo, a señalizar de forma clara en los contratos las cláusulas complejas, e impondrá a los notarios a informarle gratuitamente sobre los distintos aspectos del préstamo. Por otra parte, reforzará la exigencia para la entidad financiera de efectuar un análisis concienzudo de la solvencia del cliente y su capacidad para atender la deuda, con la finalidad de evitarle apuros por sobreendeudamiento.
