El que fuera secretario general del Parlamento de Cataluña y una de las letradas de la Cámara aseguraron este martes en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O que la entonces presidenta, Carme Forcadell, no estaba facultada para impedir la tramitación de la ley de referéndum ni de las leyes de desconexión e insistieron en que la función de la Mesa es comprobar que las iniciativas se ajustan a los requisitos formalmente establecidos.
Pere Sol i Ordis, secretario general del Parlamento de Cataluña hasta 2016 y letrado del parlamento desde noviembre de 1989, testificó a propuesta de la defensa de Carme Forcadell. Subrayó en varias ocasiones durante su testimonio que la función de la Mesa del Parlament es “analizar formalmente los requisitos que el reglamento”, de modo que este organismos solo puede inadmitir a trámite las propuestas por cuestiones de forma.
Ante la insistencia, del fiscal Javier Zaragoza sobre este asunto, el testigo indicó que se trataba de una “cuestión de interpretación” y reconoció que no siempre habían actuado así, ya que recordaba una excepción en relación a una iniciativa sobre la guerra del Golfo. Sin embargo, no recordaba ninguna vinculada a la independencia de Cataluña.
Sobre las diversas resoluciones aprobadas por el parlament catalán en relación al ‘procés’, y por las que la Mesa fue advertida por el Tribunal Constitucional, explicó que “las resoluciones son mandatos de carácter político y no jurídico, por lo que no vinculan directamente”. Además, señaló que “tras la advertencia, sobre todo a la presidenta, de que tenían que impedir las actuaciones que pudieran ir más allá de la resolución I/XI, que inició el proceso de creación del estado catalán independiente, la presidenta optó por no incluirla en el orden del día, pesar de que la mayoría de portavoces eran partidarios de incluirla”.
Sin embargo, continuó, entró en el orden del día “porque el parlamento de Cataluña tiene una previsión en el reglamento que establece que el pleno por mayoría absoluta puede decidir incluir un orden del día si lo deciden sus diputados”.
Asimismo, apuntó en relación a la resolución 263/XI, que aprobaba las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, y que se votó en el pleno, una vez que ya habían sido advertidos, que leyó el pronunciamiento del tribunal y “decía que el propio órgano tenía que sopesar su actuación, y el órgano tenía que ser en todo caso el pleno, no la mesa del parlamento”.
Respecto a la resolución 306/XI, relativa al derecho de autodeterminación de Cataluña, destacó que el Parlament “siempre ha sido proclive, tras el análisis de la congruencia de las propuestas, a facilitar la acción parlamentaria, así que en el caso de que la dudada no fuera muy grande, las admitía a trámite. En este caso no hubo atisbo de duda”, aseguró.
Por último, Sol indicó que cesó de su cargo, tras la moción de confianza, por “motivos de carácter personal” y porque estaba “incomodo”. A preguntas de la abogacía del estado aclaró que consideraba que “no estaba preparado para el cargo” de secretario general del Parlament. “Estaba incomodo por la gestión del personal, la gestión económica y, en general, por los elementos de gestión. La faceta de gestor era lo que me molestaba más” y esto “me estaba afectando a mi salud y a mi familia”, concluyó.
Por su parte, Mercé Arderiu, letrada del Parlament de Cataluña, refrendó la versión dada por el anterior testigo y afirmó que el criterio para inadmitir temas a trámite es solo formal, sin entrar en analizar cuestiones de fondo.
Con este interrogatorio, la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Fordadell trataba de reforzar la idea de que como presidenta de la Cámara autonómica no estaba facultada para ponerse a la tramitación de leyes tales como la del referéndum, o la normativa de esconexión que se aprobó entre los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Todos los escritos que resultan admitidos a trámite, deben entonces incluirse en el orden del día del pleno que en ningún caso pude ser modificado por la presidenta de la Cámara. “No puede hacer nada. Todos los temas van a la mesa. Una vez admitidos a registro se incluyen todos los temas», insistió.
La letrada insistió en que «se cumplieron los trámites parlamentarios» sobre la ley del referéndum y las leyes de desconexión de septiembre de 2017 y aseguró que “todos los grupos políticos” con representación en el Parlament «se pudieron expresar”.
MESA DEL `PARLAMENT´
El exvicepresidente primero de la mesa del parlament de Cataluña Lluis Corominas, como los anteriores testigos, explicó que las propuestas a la mesa se admitían a trámite en base a criterios formales. Respecto a las resoluciones, sobre el proceso constituyente, también mantuvo la línea de los anteriores testigos y defendió el papel de Carme Forcadell como presidenta del parlament.
Así, recordó que el informe y las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente (resolución 263/XI) no se incluyeron por la mesa en el orden del día, sino que fue el pleno, a través de un precepto del reglamento. De modo que Forcadell “estaba obligada a seguir lo indicado por el artículo 83.3 del reglamento”. Además, sobre la resolución 306/XI, relativa al derecho de autodeterminación de Cataluña, destacó que se admitió a trámite tras un informe de los letrados “instrumentando adecuadamente ese derecho de participación del grupo que lo presentó”.
Sobre las advertencias de los requerimientos del Tribunal Constitucional indicó: “No nos concernía la notificación que recibimos”, ya que como mesa “podíamos analizar los requisitos formales conforme al artículo 37, los requisitos adicionales en función de la iniciativa y, excepcionalmente, la iniciativa legislativa popular, pero fuera de estos casos no es función limitar el derecho de participación, todo lo contrario, ampararlo”. Así que, agregó, “garantizamos en todo momento el ejercicio del derecho de participación”.
En un intenso interrogatorio del fiscal Zaragoza, en el que discrepó con el testigo, sobre la interpretación de las advertencias del TC, el abogado Xavier Melero, defensa de Forn en esta causa y del testigo en el procedimiento que por estos mismos hechos se llevan en el TSJC, intervino para recomendar a Corominas no contestar a las preguntas dirigidas exclusivamente a su actuación durante aquel periodo. En este momento, el presidente de la sala, Manuel Marchen, le recordó, como ya había hecho al principio, que en su doble condición de testigo e investigado podía descartar las preguntas que considerase y anunció un receso de 20 minutos para aclarar la situación. Tras el receso, el testigo, asesorado por su abogado, decidió no continuar declarando.
La última en declarar fue Anna Isabel Simó, exsecretaria primera y exvicepresidenta primera del parlament de Cataluña, también inmersa en la causa conectada a estos hechos que se sigue en el TSJC. Simó coincidió con los anteriores testigos en que los informes de los letrados “no eran vinculantes ni preceptivos” y que sus informes fueron trasladados por Forcadell a los diputados.
Respecto a las resoluciones, ratificó que las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente se incluyeron en el orden del día por el pleno, amparado en el reglamento de la cámara, y no por la mesa. Asimismo recordó que el 27 de octubre de 2017, durante la votación de la declaración unilateral de independencia, la parte que leyó Forcadell, no tenía efecto jurídico ya que se trataba del preámbulo.
