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El juzgado civil francófono de Bruselas ha decidido este martes aplazar hasta el 25 de septiembre la celebración de la vista preliminar en la que iba a analizar si admite a trámite la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros contra el juez instructor de la causa del `procés´ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que acusan de falta de imparcialidad.

El tribunal atiende así la petición realizada por la defensa del magistrado español. El juzgado ha determinado que la vista será en la misma sala y en la misma hora, mientras que la defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se “trata de un caso excepcional”.

La representación legal de los demandantes ya ha presentado una nueva traducción de la demanda en la que se han corregido los errores que contenía la primera demanda, en la que se atribuían al juez afirmaciones que él había presentado como condicionales. Una vez conocido el aplazamiento, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha publica un tuit en que dice que “los de siempre anunciaron tormenta, pero ha salido el sol”.

El trámite en esa vista preliminar consistirá en la recepción de los escritos de las diferentes partes. En el procedimiento pueden presentarse físicamente los demandantes. El tribunal no tiene porqué pronunciarse sobre su competencia el asunto y puede que no resuelva de forma definitiva hasta principios del próximo año.

Los demandantes pretenden una victoria simbólica de sus tesis y piden una indemnización de un euro al magistrado español por esa supuesta falta de imparcialidad. Buscan un triunfo que permita avalar la recusación del juez en España.

La vista estaba fijada para este martes a las 9.30 horas y viene precedida de una fuerte polémica sobre el respaldo que el Gobierno debía dar al juez. En un primer momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez se pronunció en contra de intervenir directamente en la defensa del juez por una declaraciones que hizo en el ámbito privado.

En concreto, la demanda presentada por Puigdemont y sus exconsejeros se refiere a unas manifestaciones hechas por el juez en el curso de una conferencia que dictó en Oviedo. Tras semanas de vaivenes en cuanto a la participación que debe tener el Gobierno en la defensa de Llarena, el Ministerio de Justicia acabó anunciando la contratación de un despacho de abogados belgas para defender la soberanía de los tribunales españoles y la actuación del instructor.

El encargado de defender los intereses españoles es el prestigioso bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, cuya minuta supera los 540.000 euros. Sus abogados tienen el encargo de contrarrestar la acusación de los exdirigentes independentistas que le acusa de vulnerar la presunción de inocencia y la libertad de acción política. En esa conferencia, Llarena negó que los encarcelados por esta causa sean presos políticos y que podrían haber incurrido en un delito de rebelión.