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La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha decidido imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Prado, y le cita a declarar el próximo 5 de junio por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma.

Entre esas protestas destaca la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigar a Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Se trata, por tanto, de esclarecer si desoyó las recomendaciones de las instituciones y organizaciones sanitarias, en especial del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que ya a principios del mes de marzo alertaba del riesgo de contagio, tal y como recoger la denuncia interpuesta por un particular.

En una providencia dictada este lunes, la jueza cita al delegado del Gobierno a las 9.00 horas del 5 de junio para declarar en calidad de investigado. Además, tomará declaración como testigos al secretario general de la Delegación y experto en protección civil y emergencias Fernando Talavera Esteso; al jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz Moriñigo, y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Señala la jueza que las declaraciones de realizarán por vía telemática.

El pasado mes de abril, la jueza acordó circunscribir la investigación al delegado del Gobierno de Madrid a un presunto delito de prevaricación y retirar el delito de lesiones por imprudencia profesional después de recibir un informe forense en el que hace constar que no se ha podido acreditar una relación de causalidad entre asistir a la manifestación y contraer el coronavirus.

SÁNCHEZ Y LOS DELEGADOS

Este juzgado recibió por reparto de decanato la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo. La investigación se abrió el pasado 25 de marzo.

La denuncia hace hincapié en que la manifestación multitudinaria del 8 de marzo contravenía la recomendación del citado centro europeo de control, que fue difundida el día 2 de marzo.

La jueza abría entonces diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid, por ser el único sobre el que tiene competencia. Instaba al denunciante a trasladar su escrito contra el resto de personas que cita ante los órganos competentes en caso de que lo estime oportuno y le informaba de que la denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe dirigirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y la dirigida contra el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

Las diligencias previas abiertas se incoaron frente al delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional, pero tras el informe forense citado, la jueza acordó excluir el de lesiones.

En el marco del procedimiento, la juez ordenó una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

DENUNCIA DE UN ABOGADO

La denuncia la presentó el pasado 20 de marzo el abogado Víctor Valladares Pérez y la dirigía contra el presidente del Gobierno y todos los delegados de Gobierno: María Sandra García Martín, Pilar Alegría Continente, José Javier Izquierdo Roncero, Francisco Tierra Seco Galdón, Teresa Cunillera Mestres, María Yolanda García Seco, Javier Losada de Azpiazu, Ana María Calvo Sastre, Anselmo Pestana Padrón, José Manuel Franco Pardo, Javier Vélez Fernández, José Luis Arasti Pérez, Denis Itxaso González, Delia Losa Carballido, María Marrodán Funes,Gloria Isabel Calero Albal, Salvadora del Carmen Mateos Estudillo y Sabrina Moh Abdelkader.

También se dirige la denuncia contra las demás personas (subdelegados del Gobierno, ministro de Sanidad, etc.) cuya intervención en los hechos se vaya esclareciendo durante la fase de instrucción.

A todos ellos, les imputa un delito de prevaricación administrativa en relación con las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios entre el 5 y el 14 de marzo.

Esta infracción está contemplada en el artículo 404 del Código Penal, que afecta a los funcionarios públicos que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. En su caso, sería comisión por omisión, al no prohibirse las manifestaciones.

(SERVIMEDIA)