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La Fiscalía pide 57 años de prisión para el excomisario Villarejo en la pieza `Iron´

La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde hace dos años y medio, y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño en su primer escrito de acusación contra el expolicía.

Le acusa de haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en relación con la contratación de sus servicios por un bufete de abogados.

El ministerio público ha remitido sus conclusiones provisionales al juzgado central de instrucción del número 6 de la Audiencia Nacional en relación a la pieza número 2 del ´caso Tándem´, conocida como `Iron´. En esta causa se investiga la contratación de Villarejo por el despacho de abogados, Herrero&Asociados S.L para espiar a un bufete competidor, Balder Ip Law.

La Fiscalía atribuye a Villarejo y al comisario García Castaño la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Esta es la primera de las más de 20 piezas de la `caso Tándem´, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, cuya instrucción se da por concluida. En la pieza `Iron´ se investigan los servicios prestados por Villlarejo a Herrero&Asociados S.L. para “solventar una situación de crisis” por la sospecha de que algunos de sus empleados daban información sobre sus clientes a un bufete de la competencia.

Se trataba de un servicio que incluía la “obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado”. Bajo ese paraguas, Villarejo supuestamente habría rastreado llamadas telefónicas sin autorización judicial, recopilado datos y movimientos en cuentas bancarias, y se habría hecho con información tributaria y con datos de pago de impuestos y de la Seguridad Social del despacho Balder IP Law.

El escrito de Anticorrupción se dirige además de a Villarejo, a otras 13 personas, entre ellas su esposa, Gema Alcalá, para la que piden 50 años de cárcel; el comisario García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, y el abogado del Villarejo, Rafael Redondo.

En el escrito también se dirige contra los expolicías Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro. Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Alvaro Martínez y María Angeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo.

325.000 EUROS

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó el pasado mes de mayo sentar en el banquillo al expolicía en la pieza `Iron´ y para ello describía con detalle las actividades de Villarejo.

Según el magistrado, las pruebas indican que el encargo de este despacho de abogados “iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives” e incluía “la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado: tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social”.

Según el juez, los responsables de su contratación recurrieron a Villarejo “a sabiendas” de que era un policía en activo y de que los servicios que prestaba su empresa Cenyt usaban de recursos e información que obtenía “prevaliéndose de dicha condición policial”.

La resolución de esta “situación de crisis empresarial” tuvo un precio que se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 euros como prima de éxito, según el auto de García Castellón que has servido de base al escrito de acusación de Anticorrupción.

El magistrado ha encontrado indicios de que Herrero&Asociados pagó a Villarejo más de 300.000 euros entre agosto y septiembre de 2013 con facturas opacas que se libraron a cambio de servicios ficticios. Parte de ese dinero sirvió a Villarejo para pagar favores a funcionarios públicos y obtener información.

(SERVIMEDIA)

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