La fiscal Consuelo Madrigal expuso este martes ante el tribunal que juzga a los líderes del ‘procés’ las conclusiones del ministerio público en relación al delito de malversación agravada por el desvío de 2,87 millones de euros a la organización del 1-O, para lo que el Govern de Carles Puigdemont actuó como una “organización criminal”.
Madrigal entiende que ese funcionamiento de tintes mafiosos «les resultó muy fácil» a los acusados que hoy se sientan en el banquillo, «al ocupar las máximas responsabilidades» del Ejecutivo de Cataluña convirtiendo la Administración autonómica en «su particular cortijo».
La representante del ministerio público afirmó que todos los acusados que formaban parte del Gobierno de la Generalitat acordaron por unanimidad el 6 de septiembre convocar un referéndum ilegal, tras lo cual el día 7 por la mañana asumieron el acuerdo conjunto en el que asumían la contratación y los gastos que pudiera generar el 1-O.
La Fiscalía mantiene que los gastos que generó el referéndum ascendieron a 2,87 millones de euros, que sería el monto total de la cantidad supuestamente malversada durante el ‘procés’. En esta cantidad se incluye el coste de las campañas de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros); la publicidad del referéndum, incluida la llamada `Civisme´, que fue emitida por ‘TV3’, y cuyo coste asciende, según la fiscal, a 277.803 euros; las facturas de Unipost por los envíos de las tarjetas censales (979.661 euros), y la cartelería (47.151).
También incluye el coste de uso de los 2.259 locales públicos habilitados como puntos de votación, que asciende a 900.906 euros según la pericial de Segipsa. Finalmente, contempla los gastos de honorarios, viajes y manutención de los observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Cataluña en la jornada del referéndum y las semanas previas, que según el ministerio público asciende a 338.607 euros pagados por Diplocat.
Madrigal destacó en su alegato «el silencio y las respuestas elusivas” de los empresarios que trabajan para la Generalitat. Según dijo, esos vacíos “son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la Administración renueva anualmente». Para la fiscal, esto demuestra un funcionamiento comparable al de las organizaciones criminales.
Según dijo, «sería muy fácil acordar sobreprecios al amparo de esos generosos contratos marco. Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma».
Se refirió expresamente al exconseller Jordi Turull, que «en esa arcadia administrativa y pulcra batió récords de velocidad al conseguir en tres días la financiación para la campaña Civisme», que en teoría estaba destinada a promover valores democráticos pero que, en la práctica, se ocupó de gestionar la campaña de las vías del tren, alusivas a la encrucijada de decidir sobre la independencia, y que se publicitó a través de ‘TV3’.
Madrigal hizo un repaso de los contratos dedicados a la celebración del referéndum y relató que varias de las facturas, por ejemplo las de Unipost o las de ‘TV3’, no se pagaron para evitar consecuencias penales. «La CCMA emitió el anuncio, que se facturó, pero las facturas no fueron atendidas, a pesar de reclamarlas. Hubo una estrategia de evasión del Ejecutivo», indicó.
Entiende la Fiscalía, además, que aunque la Generalitat resultó perjudicada por estas acciones, no ha comparecido en la causa en defensa de sus intereses, lo que considera una evidencia de su responsabilidad.
«Todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos», aseguró la fiscal Madrigal. «Eran la máxima autoridad de gasto y debían responder de los bienes y patrimonio públicos, y estaban advertidos por el Tribunal Constitucional de ser garantes de la no realización del referéndum y la no aplicación de ningún bien público a la consulta», concluyó.
