La Comisión Europea anunció este jueves su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no notificar los activos poseídos en otros estados miembros de la UE.
Según informa la Comisión en un comunicado, «en la actualidad, España exige que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros» y que «la no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional», llegando a superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.
Por ello, la Comisión considera que “estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias” y que “pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”.
Asimismo, para la Comisión «estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales».
NORMAS EN MATERIA DE SERVICIOS
Por otro lado, la Comisión también ha pedido a los 28 Estados miembros que cumplan las normas de la UE en materia de servicios. En concreto, ha enviado a los 28
cartas de emplazamiento en las que les solicita que mejoren sus ventanillas únicas y proporcionen este tipo de atención fácilmente accesible para los prestadores de servicios y los profesionales. «Las ventanillas únicas contribuyen a un mercado único moderno para las empresas, que precisan acceder fácilmente a la información que necesitan y completar los procedimientos administrativos en línea», explicó la Comisión en su comunicado.
En las cartas de emplazamiento, la Comisión señala deficiencias en la manera en que los veintiocho Estados miembros han aplicado los requisitos para las ventanillas únicas establecidos en la Directiva de servicios y en la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
En este sentido, las cartas abordan problemas relacionados con la disponibilidad en línea y la calidad de la información sobre los requisitos y los procedimientos aplicables a los prestadores de servicios y los profesionales que desean hacer uso de sus derechos en el mercado único. También mencionan dificultades para el acceso y la finalización de procedimientos en línea a través de las ventanillas únicas, por ejemplo las experimentadas por usuarios transfronterizos.
