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La Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar una supuesta trama dedicada a la comercialización ilegal del atún rojo dentro de la `operación Tarantelo’. El juzgado de Instrucción número 3 de Picassent (Valencia) se ha inhibido por la complejidad de la presunta red delictiva, cuyos miembros están acusados de organización criminal, pesca furtiva, delito contra la fauna, contra la salud pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

La red dispondría de una veintena de empresas, entre las que destacan las sociedades Marfishval y Pescnort Mar. En la organización había vocación de continuidad, reparto de responsabilidades y tareas de suficiente “consistencia y rigidez” que hacen pensar en una organización criminal.

La organización se dedicaría a “suplantar la identidad de los ejemplares para darles una apariencia de atún rojo, así como falsificar su documentación, todo ello para tener un mayor beneficio económico”. Están siendo investigados Carlos Fernández Fernández, responsable de la empresa Marfishval y Pescnort Mar, y su segundo, Khalidd Mouslim, con el que tenía la sociedad General World Frozen, que presuntamente se encargaba del blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, Khalidd sería el encargado de conseguir los ejemplares provenientes de la pesca furtiva y se encargaba de la entrega y de la falsificación de los documentos. Las operaciones de compraventa las hacía en Marruecos, Túnez, Malta o Turquía. También están siendo investigados Antonio Amor y Javier Amorós López que participaban en la operación de blanqueo de los ejemplares capturados de manera ilegal.