La Abogacía del Estado presentó este viernes sus conclusiones provisionales en la causa que se sigue en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los principales dirigentes del proceso independentista catalán. En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado aprecia los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, pero no el delito de rebelión que sí les atribuye la Fiscalía. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilan entre los 12 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y penas de multa.
Sin embargo, La Fiscalía del Tribunal Supremo le acusa de un delito de rebelión, recogido en el artículo 472 del Código Penal,y por ello pide para Junqueras la pena máxima de 25 años de prisión agravada por la presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos.
El ministerio público coloca a Junqueras a la cabeza de lo sucedido en Cataluña en octubre de 2017 y le considera el máximo responsable.
