El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza, y la principal, del caso ‘Gürtel’ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envía a juicio también a 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por esta pieza relativa a los presuntos delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de prisión para los líderes de la Gürtel.
Se trata de la última pieza de esta macrocausa de corrupción que quedaba en instrucción, a excepción de una parte de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, que se reabrió en marzo de 2017 y que aún sigue investigándose.
En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas», dice el juez; y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
OTROS ACUSADOS
Así, el juez De la Mata también acuerda sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.
En este sentido, el juez incluye en la apertura de juicio oral a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado; y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas a la Gürtel Inmaculada Mostaza en ejecución de lo acordado por la Sala de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública, tal y como sostenían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación.
Por el mismo motivo amplía la lista de personas que serán juzgadas respecto de los empresarios Jesús Calvo Soria, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez Lluch por el mismo delito.
En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado refleja en el auto las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.
A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse en una futura sentencia, Correa y Crespo deberán afrontar unas fianzas que se elevan hasta los 33,6 millones de euros. A esta cifra habría que sumar las posibles responsabilidades civiles que se detallan en la resolución correspondientes al impago del IRPF, IVA e Impuesto Sociedades entre 2003 y 2007.
MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES IRREGULARES
El juez de la Audiencia Nacional concluyó la instrucción de esta pieza el pasado mes de marzo, poniendo así fin al caso ‘Gürtel’ que se inició en 2008, y concluyó que el líder de la trama corrupta -que acumula 79 años de prisión por otras piezas de esta macrocausa y está pendiente de conocer la sentencia por la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia- habría percibido más de 30 millones de euros en comisiones irregulares.
De la Mata explica que las cantidades multimillonarias las obtuvo por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».
Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas. El magistrado calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.
El ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirma el juez.
Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.
PAPEL «ABSOLUTAMENTE RELEVANTE» DE LOS ASESORES DE LA GÜRTEL
En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les considera cooperadores necesarios porque «su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación».
«Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa Sánchez y Crespo Sabaris, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública», expone el auto.
Aún así, para el juez, «lo relevante» no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la «maraña societaria», sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que «estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos».
FACTURAS FALSAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
El magistrado instructor envía juicio también esta pieza por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Sobre el primero, el auto afirma que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido «reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado».
En cuanto al blanqueo de capitales, detalla los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de «enriquecimiento de su líder».
