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Illa pide tener “consenso y compromiso claro” para aplicar toque de queda y poder extenderlo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que el instrumento jurídico que puede dar “solidez y sostenibilidad” a la aplicación del toque de queda, como medida para frenar la expansión del coronavirus, es la declaración del Estado de Alarma, por lo que sería necesario “un consenso y el compromiso claro” de que se podría extender más allá de 15 días, aunque ha precisado que cumpliendo las “medidas contundentes” que se están aplicando se evitaría tener que tomar decisiones como las que se tomaron en marzo.

Así lo ha asegurado el ministro Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Asunción y en la que han estado presentes el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

“Es muy importante que si esta medida tiene que prorrogarse, contemos con los apoyos claros para poderse extender” ha aseverado Illa, quien ha insistido en que para adoptar medidas de restricciones nocturnas de movilidad en todo el territorio o en gran parte del país “el instrumento jurídico que da solidez y sostenibilidad” al toque de queda es la declaración del Estado de Alarma, “por lo que es necesario un compromiso claro” para que se pueda ir más allá de 15 días.

La aplicación del toque de queda es una medida que desde Castilla y León se ha pedido oficialmente al Gobierno de España pero “mientras llega la respuesta”, tal y como ha explicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, los servicios jurídicos están trabajando ya en una “respuesta jurídica extraordinario” que permita su aplicación en toda la Comunidad desde este sábado.

Al respecto, el ministro de Sanidad ha manifestado que Castilla y León contará con el respaldo de su Ministerio en la aplicación de esta medida “reconociendo las competencias” autonómicas y facilitando todo lo que se pida desde la Comunidad.

Pero a pesar de que el toque de queda es una medida que han pedido varias comunidades y que ya se ha acordado en algunos territorios, como en la Comunidad Valenciana, Salvador Illa ha asegurado que si los ciudadanos “desde una responsabilidad individual y colectiva” observan las medidas “contundentes” que se están aplicando se podrá evitar tomar decisiones como las que se adoptaron en marzo y abril, aunque entonces “el contexto era diferente al de hoy”.

Por eso, el ministro ha insistido en que medidas “que pueden parecer banales y superfluas”, como el lavado de la manos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia social, “son esenciales y clave” para frenar la cifra de contagios de una segunda ola “que afecta a Castilla y León, a España y a Europa”, ha subrayado Illa, quien ha calificado la situación de “seria”.

Una situación, que en palabras del ministro, tiene un horizonte de cinco o seis meses” porque, tal y como ha explicado, aunque se está trabajando “con intensidad y sin precedentes” en la búsqueda de una vacuna en Europa, no llegaría hasta finales de este año o principios de 2021, a lo que habría que añadir un par de meses más para “llegar a gran parte de la población”.

Por otro lado, Salvador Illa cree que con el documento aprobado este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) “se ha dado un paso importante” ya que se han fijado unos criterios para evaluar los riesgos y se ha establecido un catálogo de medidas en función de cada nivel de alerta, aunque ha dejado claro que habrá que “personalizar las actuaciones” y adaptarlas a la realidad de cada territorio, de cada municipio o ciudad.

No obstante, en esa reunión no se llegó a tomar una decisión sobre la aplicación de un toque de queda para reducir la movilidad nocturna; una medida que algunos territorios llevan días defendiendo y que Comunidades como Castilla y León o Valencia ya han anunciado que van a poner en marcha.

A este respecto, el Gobierno se comprometió a estudiar esta medida y sobre todo, la cobertura jurídica que requiere, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado en varias ocasiones que implicaría la declaración del estado de alarma.

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