La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha instado este lunes a todas las fuerzas parlamentarias a cumplir con el mandato constitucional de renovación que está pendiente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo para no afectar a la legitimación de estas instituciones.
La petición se realiza de cara a la reunión anunciada para el próximo día 2 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, donde se espera que se supere la actual situación de bloqueo que está impidiendo los nombramientos en los citados órganos y también en el el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE).
«La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción», recuerda la asociación progresista de fiscales en un comunicado, para añadir que la Constitución «obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las diputadas y diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones».
Para la organización de fiscales, considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o utilizados como «moneda de cambio para conseguir otras finalidades» supone una falta de respeto a la Constitución y a la propia ciudadanía.
«La legitimidad de las Instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional», agregan.
Para que se aprueben estas renovaciones, las fuerzas que componen el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, sólo suman 155 escaños en el Congreso y necesitarán principalmente el concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas.
Así, entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ o del TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar 55 votos a los 155 que suman entre ambos.
FIASCO EN EL CGPJ
El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
En pendientes está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre. Hace un año el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
Según UPF, tanto órgano del gobierno de los jueces (CGPJ), como el tribunal guardián de nuestra Constitución (TC) y el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución (D.P) no pueden permanecer en esta situación más tiempo, ya que la Carta Magna es clara en cuanto al tiempo que sus miembros pueden desempeñar sus cargos.
