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España cuenta con casi 250.000 aforados, de los que aproximadamente unos 2.000 (11%) son políticos, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este número de aforamientos es el que quiere revisar el Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, anunció este lunes que propondrá una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos en 60 días.

Esta cuestión fue planteada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en una comparecencia que tuvo en el Congreso el 15 de marzo del pasado año, donde se refirió a que es “necesario” analizar la cuestión de los aforamientos “desde el máximo rigor posible”. A su juicio, se trata de “trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales”.

A este respecto, el presidente del Supremo explicó que en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y cinco corresponden a miembros de la Familia Real.

“PRIVILEGIO PROCESAL”

El resto de aforados, 17.603, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, como políticos, miembros de las carreras judicial y fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.

En este sentido, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó el pasado miércoles en el Congreso que los aforamientos de carácter político son aproximadamente unos 2.000, un 11% del total. También se refirió a que los aforados jueces y fiscales son unos 15.000, mientras que los miembros de los miembros de Gobiernos estatales y autonómicos, así como sus Parlamentos, suman en total unos 2.000 aforados.

La ministra sostuvo que “es un número excesivo para referirse a un privilegio procesal”, motivo por el que ha pedido a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del ministerio en materia legislativa, que estudie “la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables”.