El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía y, en consecuencia, investigará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de edificios públicos.
El delito de desobediencia está contemplado por el Código Penal y no conlleva penas de prisión. Por tanto, Torra podría ser condenado al pago de una multa que podría oscilar entre los 300 y los 3.000 euros.
En su cuenta de Twitter, el presidente de la Generalitat ha publicado un mensaje en el que dice: “Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d’un estat autoritari, hem decidit viure sense por. Amb la llibertat d’expressió, fins a les últimes conseqüències” (Acabo de firmar la notificación de la querella por desobediencia. Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias).
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo rechazó suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, como solicitaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien pidió en su recurso la aplicación de medidas cautelarísimas.
En un auto la Sala III rechazaba la suspensión cautelarísima, solicitada por el presidente de la Generalitat, del acuerdo del pasado 21 de marzo de la Junta Electoral Central en relación a la retirada de lazos amarillos de edificios públicos de Cataluña. La Sala acuerda tramitar ahora el incidente como medida cautelar ordinaria, en el que se da un plazo de alegaciones a la parte contraria sobre la suspensión pretendida.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó el pasado 27 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, solicitaba en su querella que se cite a declarar al presidente. La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Superior de Cataluña toda la documentación de la Junta Electoral Central para que estudiara si veía delito de desobediencia en la actuación del presidente de la Generalitat, que agotó el plazo para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de Cataluña y los sustituyó por pancartas a favor de los presos del `procés´.
La querella relata que el pasado 11 de marzo la Junta Electoral Central instó al presidente de la Generalitat a que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos para «mantener la neutralidad política» en los procesos electorales.
El 18 de marzo la JEC ratificó su decisión. La Fiscalía cree que Torra desatendió el requerimiento «consciente y deliberadamente» y que mantuvo los lazos «de manera encubierta» utilizando «imágenes, figuras y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista».
«Nos encontramos aquí ante un requerimiento claro y expreso emitido por la máxima autoridad administrativa en materia de control de procesos electorales cual es la Junta Electoral Central, el cual ha sido reiteradamente desatendido», dice la Fiscalía que entiende que se trata de un asunto de «especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser especialmente tutelado y preservado».
Más tarde, el 21 de marzo, la JEC exigió al consejero de Interior, Miquel Buch, que actuara ante la “voluntad de desobedecer» demostrada por Torra. A su entender, el cambio de los lazos amarillos por otros de diferente color y con lemas a favor de los presos del `procés´ “no se puede entender como un intento de cumplimiento formal y no tiene otra finalidad que burlar los requerimientos emitidos por esta junta».
En consecuencia, la Fiscalía pide que se tome declaración a Torra, la entrega de las actas policiales sobre el cumplimiento de la orden de la JEC, el documento jurídico que se encargó al Departamento de Presidencia y la declaración del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra sobre el cumplimiento de la última resolución de la JEC.
