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El Tribunal Supremo ha fijado para el este martes, a las 10.00 horas, la vista de la cuestión previa de declinatoria de jurisdicción que han planteado los procesados en la causa del `procés´. Quedará, por tanto, fijado si el juicio se celebrará en el alto tribunal o en Cataluña.

El Alto Tribunal aceptó la pasada semana celebrar una vista de previo pronunciamiento al inicio del juicio en la que estudiará si es competente para enjuiciar a los 18 líderes independentistas acusados que se encuentran en territorio nacional o si la causa debe ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En tanto no se resuelva, no se fijará la fecha de comienzo del juicio tras la presentación de los escritos de defensa.

En un auto, la Sala acordó tener por formalizada la declinatoria de jurisdicción como artículo de previo pronunciamiento en la causa, y determina que no ha lugar a la reclamación de documentos solicitada por las defensas al considerarlos innecesarios para resolver el incidente. La vista de competencias ha sido solicitada por las defensas.

Antes de que se fije el inicio de la vista oral el Tribunal Supremo debe dictar resolución sobre los artículos de previo pronunciamiento invocados por la defensa, en concreto sobre el de falta de jurisdicción del Supremo para enjuiciar este caso. En caso de que el TS se declare competente la Sala deberá responder a la petición de las defensas de prorrogar el plazo de presentación de sus escritos.

En este proceso están acusados el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas. Otros siete dirigentes del `procès´ están huidos de la justicia española.

En la vista que comenzará el próximo martes el tribunal en pleno, formado por siete magistrados, escuchará los argumentos de las defensas contra la competencia del Supremo para juzgar a los políticos. Sus abogados han presentado una declinatoria de jurisdicción en la que esgrimen que debió ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que se ocupara de esta causa. Además, los acusados han planteado quejas sobre la supuesta violación de sus derechos fundamentales.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox se oponen a que el juicio salga de la jurisdicción del Supremo. Oídas todas las partes el tribunal deberá resolver por escrito y tras la presentación de los escritos de las defensas se fijará una fecha para el inicio del juicio, que dará comienzo con las cuestiones previas, probablemente a finales de enero.

Fuentes jurídicas estiman que la vista oral puede durar entre tres y cuatro meses, durante los cuales se celebrarán sesiones todos los días de la semana y en sesiones de mañana y tarde, para agilizar en lo posible la conclusión del juicio.