El magistrado Eduardo Muñoz Baena, del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, donde se celebra desde este viernes el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, rechazó esta jornada aplicar la ‘doctrina Botín’ como solicitaba el Ministerio Fiscal y el abogado de la formación popular, Jesús Santos, que dejaría a los populares fuera del juicio. El juez anunció que se pronunciará sobre ello en sentencia y rechazó la petición de «reconsideración» que hizo el abogado del PP para que avanzara la decisión al próximo jueves día 20.
Así lo decidió este viernes Muñoz Baena en la primera vista del juicio. El Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y considera que la versión del extesorero del PP es “inverosímil y contradictoria”. Además, en línea con la defensa de la formación popular, interesa la aplicación de la ‘doctrina Botín’, basada en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la que el juez debe acordar el sobreseimiento de la causa cuando no exista acusación por parte del Ministerio Público ni de la acusación particular. El propio Bárcenas retiró la acusación en 2016.
El juez Muñoz Baena indicó que la cuestión planteada por las partes en torno a esta doctrina será, en todo caso, resuelta en sentencia. «Creo que lo mejor es avanzar en el juicio, teniendo en cuenta que el acusado no es solo el PP». Así, subrayó, «es mejor que el juicio continué para los cuatro acusados».
La acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc, durante la fase de cuestiones previas, se opuso a la aplicación de la ‘doctrina Botín’, pese a la inexistencia de acusación particular y de la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, debido a que se trata de una causa que afecta a intereses colectivos, lo que se conoce como ‘doctrina Atutxa’.
NAVARRO, MORENO Y DURÁN «DAÑOS COLATERALES»
«Están invocando una maltrecha doctrina para echarnos de los juzgados», apuntó la abogada de Desc y recordó que, a pesar de que el PP solo está acusado -por tratarse de una persona jurídica- del delito de daños informáticos y no del de encubrimiento como los otros tres acusados, «estamos ante una unidad de hecho, estas dos acciones son un instrumento para cometer el delito», lo que se conoce como concurso medial. «No se puede entender un delito sin el otro», añadió IU.
Por otra parte, durante la primera sesión de este juicio, el abogado del PP denunció que la intervención de las acusaciones populares pone de manifiesto que «el objetivo principal de este juicio es el PP y las personas físicas son daños colaterales», es decir, la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación popular Alberto Durán. Asimismo, criticó a las acusaciones por «falta de rigor en los hechos» y solicitar «penas desorbitadas» que, en su opinión, además «están desconectadas» con los hechos, en particular, se refirió así a la pena interesada por Des para la suspensión temporal de las actividades del partido.
En cambio, Desc reprochó al PP querer «contaminar la causa» al solicitar la nulidad del auto de apertura del juicio oral y el sobreseimiento. IU, por su parte, afirmó que «toda la cadena de actos que llevó a la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Barcenas forma parte de una decisión del PP» y que las tres trabajadores de la formación son «ejecutores» de estos actos. «El PP como persona jurídica no tiene manos para destruir los ordenadores», resaltó. Según IU el PP destruyó información «muy relevante» para la causa de los ‘papeles de Bárcenas’, algo que tiene una «gravedad extrema».
Al finalizar la primera sesión de este juicio, el abogado de IU, Juan Moreno, se mostró satisfecho ante los medios de comunicación por la decisión del juez de mantener en el banquillo al PP. «Carecía de sentido que el PP se quedara ahora fuera del juicio», afirmó y tildó de «fundamental» que Barcenas comparezca en persona en el juicio para explicar su versión delos hechos. Sin embargo, Jesús Santos, abogado del PP, apuntó que espera que la sentencia demuestre la «inocencia» de los cuatro acusados y criticó a las acusaciones populares por lo que considera un «abuso de derecho», ya que según él, representan «intereses políticos».
