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Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el envío al Congreso de los Diputados de los objetivos de estabilidad sobre los que diseñar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, cumpliendo con el paso previo para presentar el proyecto presupuestario en enero. Se trata de los mismos objetivos de deuda y déficit que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya presentó en julio y que fueron rechazados por la mayoría de la Cámara Baja y también por Bruselas.

Así lo anunció la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que señaló que el Ejecutivo cumple con este “trámite legal al que obliga la Ley de Estabilidad” tras consultar con la Abogacía del Estado y por su “intención firme” y “compromiso de presentar en enero los Presupuestos”. El objetivo del Gobierno, indicó Celaá, es presentar el proyecto de cuentas públicas para “que todas las fuerzas políticas lo debatan, discutan, enmienden o presenten sus alternativas” y que “todos tengan la oportunidad de explicar por qué cree en esas cuentas o por qué no”.

La nueva votación de estos objetivos tendrá lugar antes de que se haya acometido la reforma de la Ley de Estabilidad, actualmente en tramitación en el Congreso, con la que el Gobierno quiere eliminar de dicha norma la capacidad de veto del Senado. Por ello, aun en caso de lograr el visto bueno del Congreso, los objetivos propuestos por el Gobierno se toparían con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, lo que obligaría al Ejecutivo a diseñar los Presupuestos de 2019 con la senda fijada por el PP, tal y como apuntó Celaá.

Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Servimedia que “debido al bloqueo que ejercen PP y Ciudadanos en el Congreso de la reforma de la Ley de Estabilidad, a pesar de que la mayoría de los partidos han votado a favor de eliminar la anomalía del veto del Senado, parece difícil que dé tiempo a modificar la norma antes de la votación de los objetivos de déficit”.

Por ello, aunque desde Hacienda asumen que en caso de que los nuevos objetivos de estabilidad sean rechazados se mantendrán los objetivos de la senda vigente, defienden que, al presentar de nuevo los objetivos de déficit, “lo que hace el Gobierno es cumplir con un trámite previsto en la Ley de Estabilidad”.

DÉFICIT

La senda de déficit propuesta por el Gobierno supone una ampliación de cinco décimas en el objetivo de 2019 respecto a la senda vigente que dejó fijada el gobierno de Mariano Rajoy, por lo que, en caso de ser refrendada por el Congreso y el Senado pasaría de un 1,3% a un 1,8%. De esas cinco décimas adicionales, dos (alrededor de 2.500 millones de euros) serían para las Comunidades Autónomas, dos (otros 2.500 millones) para la Seguridad Social, y una décima para la Administración Central (unos 1.200 millones).

Así, en caso de que finalmente las cuentas públicas de 2019 se diseñen sobre el objetivo de déficit del 1,3% previsto por el PP, el gasto previsto en ellas será 1.200 millones menor respecto al propuesto por el Gobierno socialista, al contar la Administración central con una décima menos de déficit.

En concreto, la nueva senda propuesta por el Gobierno prevé un déficit del 0,4% para la Administración central, del 1,1% para la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales.

De cara a 2020, el objetivo propuesto por el Gobierno para el conjunto de las Administraciones Públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

DEUDA

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas, y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración Central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración Central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.