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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este viernes a revisar todos aquellos elementos de la cooperación española enviados a Nicaragua que pudieran ser utilizados por las autoridades de este país para reprimir a los nicaragüenses.

Así se pronunció Sánchez en la rueda de prensa que mantuvo con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en el marco de la gira que está realizando por América Latina y que tuvo en el país costarricense su cuarta y última etapa.

En su encuentro con la prensa, el jefe del Ejecutivo tuvo que responder sobre la situación que se vive un Nicaragua, un país que desde el pasado mes de abril vive una fuerte crisis política después de que unas protestas contra la reforma de la Seguridad Social sirvieron a los nicaragüenses para mostrar su descontento hacia el presidente Daniel Ortega.

Ortega reprimió las manifestaciones y una ola de violencia se apoderó del país centroamericano que ha dejado 351 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).

La crisis en Nicaragua ha provocado un éxodo de nicaragüenses. Prueba de ello es que del 1 al 30 de agosto, llegaron 31.659 nicaragüenses, según los últimos datos de la dirección general de Migracion y Extranjería de Costa Rica

La Iglesia Católica ha intentado mediar sin éxito para lograr una salida negociada a la crisis mientras que la comunidad internacional ha exigido que cese la represión.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acusado al Gobierno nicaragüense de violaciones generalizadas y países como Holanda y Luxemburgo han suspendido las ayudas a la cooperación que prestaban a Nicaragua por la “violación de los derechos humanos”.

España fue en 2017 el décimo mayor donante en Nicaragua, y el quinto bilateral, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Los ámbitos que centran las intervenciones de la cooperación española en la actualidad de manera destacada son: agua y saneamiento, educación técnica y formación profesional, fortalecimiento del Estado de Derecho, con particular énfasis en la violencia de género y la promoción del desarrollo económico mediante oportunidades para los más pobres, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

No obstante, España ha llegado a exportar al país centroamericano material antidisturbios para la policía nicaragüense, que actualmente podría estar utilizándose para reprimir las protestas contra Ortega.

Ante esta situación, Sánchez se comprometió a mantener las ayudas a la cooperación para Nicaragua, porque eso sería olvidar a quienes “padecen la represión del régimen” nicaragüense.

Dijo desconocer si hay elementos de la cooperación española enviados a Nicaragua que pudieran ser utilizados por las autoridades de este país para reprimir a los nicaragüenses.

A pesar de ello, se comprometió a revisar si alguno de estos elementos es usado para este fin con el objetivo de que “no vuelva a suceder”.

Por último, destacó que España ha aumentado su aportación a la Organización de Estados Americanos (OEA) con la idea de que este organismo lidere el procese de diálogo que, a su juicio, debe conformarse para superar la crisis en Nicaragua.

Fuentes gubernamentales precisaron que aquellos elementos de la cooperación susceptibles de ser utilizados en la represión de los nicaragüenses no forman parte de un proyecto español, sino de cooperación delegada de la UE para la lucha contra el narcotráfico y la prevención de la delincuencia juvenil. Se suspendió en el mes de junio. El monto desde su inicio fue de 10 millones de euros, ocho de ellos delegados a la Aecid española, de los que quedaban seis por ejecutar.

Las mismas fuentes observaron que la UE comunicó la suspensión del proyecto por nota verbal el pasado 17 de mayo alegando que “Nicaragua conoce una situación imprevisible y excepcional, que no permite desarrollar las actividades previstas para lograr los resultados contemplados en el proyecto”.

Salvo cambio radical de la coyuntura, se mantendrá la suspensión del proyecto hasta la fecha de finalización de su ejecución en octubre, con su consiguiente cierre.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de cierre de todos los expedientes abiertos de pago, y de rescisión de los contratos de personal y de servicios, imputándose las penalidades contractuales correspondientes al proyecto.

El proceso se está resolviendo sin tensiones y con cordialidad, según estas fuentes, aunque con un importante volumen de trámites administrativos. Únicamente se financiarán los gastos incurridos con anterioridad a la comunicación de la suspensión.