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Justo cuando se cumple un año de la entrada en prisión del líder de ERC, Oriol Junqueras, la Abogacía del Estado y la Fiscalía van a presentar sus escritos de calificación en las causas que se siguen en el Supremo y la Audiencia Nacional, contra los líderes del “procés” con una clara diferencia. La Abogacía del Estado, según han asegurado fuentes del Gobierno, no va a acusarles del delito de rebelión, sino únicamente de sedición y malversación.

El  organismo dependiente del Gobierno, se descuelga de la postura de la Fiscalía en relación al movimiento indepentista que celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y que culminó con la DUI (Declaración unilateral de independendecia), y que le hará pedir penas de prisión entre 10 y 15 de años por el delito de sedición, y no hasta los 30 años que contempla el de rebelión.

La petición más grave por parte de la Fiscalía será para Junqueras, que en aquellos días era vicepresidente del Govern, por lo que se le considera dirigente del “procés”, y según fuentes conocedoras, podría pedir hasta 25 años.

El cambio de postura en la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, ha provocado la condena de los principales partidos de la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, pide elecciones; y el de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que se trata de un gesto al presidente Pedro Sánchez a los independentistas.

El president de la Generalitat, Quim Torra, por el contrario, considera que es una humillación vender como gestos, lo que son más que agravantes.

La decisión de la Abogacía del Estado no ha sorprendido porque en las últimas semanas, el presidente, Pedro Sánchez ha subrayado que el delito de rebelión se da por militares o civiles armados con armas.