El Gobierno impondrá a la banca una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para aquellos trabajadores que vean reducidos sus ingresos o acaben en situación de desempleo a raíz de las medidas aprobadas por el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus, según confirmaron fuentes oficiales.
La medida sería a insistencia de Unidas Podemos que también confía en que salga en el Consejo de Ministros de hoy la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables.
España seguiría así los pasos de Italia, que acordó una moratoria similar para los hipotecados que sufriesen pérdidas en sus ingresos por culpa de las medidas excepcionales arbitradas para superar la emergencia sanitaria.
El real decreto no incluiría, sin embargo, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos anunciada en los últimos días para “evitar” los desahucios por impacto en el alquiler de las viviendas, especialmente en zonas con precios tensionados.
Era también una demanda de Unidas Podemos que se preveía añadir entre los compromisos del programa del Ejecutivo de coalición suscrito con el PSOE para “poner freno” a esta “lacra social”, según indicaron hace unos días fuentes del Ejecutivo.
La nueva medida sobre moratorias en el pago de hipotecas se suma a la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros para ampliar el pazo durante el que no podrán ser desalojadas familias vulnerables de sus casas y ampliar también el colectivo de hogares que podrán beneficiarse de la medida.
El Real Decreto acordado la semana pasada establece, en concreto, que las familias en situación de vulnerabilidad no podrán ser desahuciadas de sus viviendas por impagos hipotecarios hasta el año 2024, tras ampliar la moratoria en los desalojos a cuatro años desde los dos actuales.
En dicha norma se ampliaba también el colectivo de beneficiarios al incluir entre los hogares vulnerables a aquellos con un solo hijo o monoparentales, y ajustaba también el umbral de ingresos mínimo previsto para calificarlo al número de hijos en la familia.
Por último, se endurecía la posibilidad del desalojo al establecer que la moratoria aplicará a cualquier embargo, “con independencia de que se adjudique -la vivienda- a un banco o a un tercero”. El Gobierno estimó que, de no haberse extendido la moratoria los desahucios afectarían ahora a 29.000 familias, “sin contar con las que podrían venir en el futuro”.
(SERVIMEDIA)
